Envían este mes al Congreso acuerdo fiscal con Uruguay

Prevé que antes de fin de año rija el intercambio de información

Ricardo Echegaray

Antes de que termine este mes, el Gobierno planea enviar al Congreso el acuerdo de intercambio de información fiscal que la Argentina firmó con Uruguay para ser aprobado. El convenio debe ser refrendado por los legisladores de ambos países, comunicado diplomáticamente a las dos partes y luego de 30 días recién entra en vigencia. En la Argentina, sólo hace falta una aprobación simple, por lo que si todos los pasos se cumplen sin trabas, se espera que antes de fin de año el acuerdo entre en vigor y los pedidos de datos puedan empezar a cruzarse el año próximo.

Según pudo saber este diario, la idea oficial es que rápidamente el Poder Ejecutivo envíe el mensaje al Congreso para que el convenio sea tratado, pasando en primer lugar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A partir de allí, como sucede con algunos acuerdos que la Argentina ya firmó con diferentes países del mundo, la AFIP puede comenzar a enviar requerimientos dependiendo de su naturaleza. Los especialistas calculan que desde que la AFIP pida datos fiscales de un contribuyente en Uruguay hasta que ese país los envíe pueden pasar años. Al menos hasta 2013, no habría resultados tangibles del acuerdo. Y quizás tarde un año más, dado que cuando se realiza un pedido debe estar terminado el año fiscal sobre el que se sospecha evasión.

«De alguna forma lo que se está buscando es un blanqueo de activos de argentinos en Uruguay que sea voluntario, antes de que la AFIP acceda a los datos y exija regularizar la situación», aseguró a este diario un asesor tributarista.

Consultas

Hay consultas muy específicas que se les hacen a estos especialistas. Uno de los casos es el de un contribuyente que tiene una cuenta bancaria o una propiedad a su nombre en Uruguay, no declarada en la Argentina. En principio, la AFIP debe tener sospechas de la existencia de esos activos y pedir datos a Uruguay sobre esa situación y persona específicamente. Para que la información llegue a la Argentina, debe mediar el pedido de Uruguay a la Justicia de su país.

Lo cierto es que en los hechos, la mayoría de los inversores argentinos en Uruguay no tiene esos bienes a su nombre sino bajo la titularidad de sociedades con acciones al portador. Aunque existe en ese país también un proyecto para hacer nominativos esos papeles, la posibilidad de que se apruebe es muy lejana. En este caso, será más difícil para la AFIP llegar a esos contribuyentes. Y aunque los especialistas así se lo aseguran a sus clientes, son consultados en muchos casos para hacer un traspaso de esas sociedades radicadas en Uruguay a otros países con los que la Argentina todavía no tenga acuerdos, por ejemplo Panamá. La sociedad puede igualmente seguir operando en Uruguay. El costo del traspaso es alto para pequeños inversores pero no para grandes firmas. No superaría los $ 10 mil. Por otro lado, están las oficinas de representación de bancos del exterior en Uruguay que operan off shore en zonas francas, donde no tiene valor el acuerdo entre Uruguay y la Argentina.