"A partir de hoy, 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, fueron suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto de estas personas", anunció en un comunicado el Ministerio de Educación. La pesquisa se refiere a su supuesta pertenencia a las redes de simpatizantes de Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado en EE.UU., al que el Gobierno responsabiliza de la intentona golpista. Esta "lista negra" de funcionarios se suma a los 8.777 empleados del Ministerio del Interior, la mayoría de ellos policías y gendarmes, y a otros 2.500 de otros organismos públicos.
"Esta organización terrorista paralela no volverá a ser un peón efectivo para ningún país", afirmó el primer ministro, Binali Yildirim, en referencia a lo que el Gobierno lleva tiempo denunciando como un estado dentro del estado controlado por seguidores de Gulen. "Los arrancaremos de raíz", dijo.
Pero no sólo los trabajadores públicos fueron despedidos. Unos 21.000 profesores de centros educativos privados vieron cómo se les retiraba ayer su licencia. El total de trabajadores, públicos o privados, suspendidos llega a 49.337 personas, calculó el diario Hürriyet. Entre ellos hay 2.700 magistrados. "Una suspensión masiva -como la que ha ocurrido en cuestión de 48 horas, con la remoción de al menos 2.745 jueces y fiscales- no permite una evaluación individual", declaró una portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Husein.
"La independencia de la judicatura y de cualquier profesional legal es clave para una administración de Justicia, y los jueces deben ser capaces de ejercer sus funciones sin restricciones indebidas, presiones, amenazas o interferencias", sostuvo Zeid. Las críticas llegaron también de parte de la Unión Europea (UE).
Las medidas excepcionales llegaron al punto de prohibir a todos los empleados que abandonen el país, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores, a ordenar todos aquellos que estuvieran de vacaciones a regresar a sus puestos y a pedir la renuncia de todos los decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas.
Además, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) canceló las licencias a "todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas", una medida que afecta a 24 medios vinculados a Gülen.
Este influyente predicador, hasta hace apenas tres años estrecho aliado del ahora presidente turco, el también islamista Recep Tayyip Erdogan, es acusado por Ankara de haber orquestado el golpe usando a sus miles de seguidores "infiltrados" en la Administración pública.
Una infiltración que se produjo cuando Erdogan era aún primer ministro (2003 -2014) y los "gülenistas" comenzaron a desplazar, con su anuencia, en los órganos públicos a los funcionarios de la vieja escuela laica, introduciendo en la Administración una visión más islamista.
| Agencias EFE, Reuters y DPA |
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