La medida, votada el martes a la noche y que todavía depende del visto bueno del Senado, obliga el Gobierno a poner en marcha una ley aprobada por Rousseff en noviembre pasado, que recorta las tasas de interés que inciden sobre las deudas acumuladas por gobernadores y alcaldes, y que, según se estima, llegan a unos 160.000 millones de reales, unos 51.000 millones de dólares.
Horas antes de la votación, la mandataria había advertido que el Gobierno actualmente no puede hacer frente a la pérdida de ingresos que supondría el cambio, calculadas en casi 320 millones de dólares por año.
"Estamos realizando un inmenso esfuerzo fiscal. Nos parece muy importante tratar el tema de la deuda de los estados, pero no podemos hacer este gasto. El Gobierno federal no puede decir que tiene margen fiscal para solucionar este problema", expresó Rousseff el mismo martes.
El texto aprobado por los diputados fija un plazo de 30 días para que el Gobierno ponga en marcha las nuevas tasas de interés que inciden sobre la deuda, del 4% anual, lo que supone una considerable reducción desde la actual, que oscila entre el 6% y el 9% al año.
El resultado de la votación confirmó el deterioro de las relaciones del Gobierno con sus aliados en el Congreso, ya que casi todos los legisladores presentes a la sesión -incluso los del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff- apoyaron la propuesta de bajar la tasa de interés pagada por los administradores endeudados.
Además, dejó clara la dificultad que enfrentará el Gobierno para lograr el apoyo del Congreso al plan de ajuste propuesto por el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, cuyo objetivo es recortar gastos y aumentar impuestos para asegurar este año un superávit primario del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
En sus declaraciones del martes, Dilma había señalado que "el Gobierno sabe que el ajuste es fundamental para Brasil, pero eso no significa que no se van a mantener las políticas sociales". "El mejor ejemplo es que hoy estamos enviando al Congreso legislación para incrementar el valor del salario mínimo", agregó.
La mandataria, acosada por el escándalo de coimas en Petrobras y con niveles de apoyo social que se han hundido al 11%, adoptó impopulares medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal y salvar el codiciado grado de inversión de las agencias calificadoras.
Las medidas, que incluyen aumentos de impuestos y reglas más estrictas para acceder a beneficios de desempleo y pensiones, encontraron oposición de los aliados de la propia Rousseff en el Congreso y hasta en su Partido de los Trabajadores.
Standard & Poor's mantuvo el lunes la calificación crediticia soberana de Brasil a largo plazo en moneda extranjera en "BBB-", pese al difícil escenario para el país, citando el cambio de rumbo en la conducción de la política económica en el segundo mandato de Rousseff. Pero el martes, la agencia dijo que podría rebajar la calificación de Brasil si el gigante sudamericano no cumple con su compromiso fiscal.
| Agencias DPA y Reuters, y Ámbito Financiero |
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