Ante sus ministros, la mandataria dijo que el megacaso de corrupción en la petrolera acarrea pérdidas económicas para el país del orden del 1% del PBI, unos 18.000 millones de dólares. Esto contabilizando no sólo los perjuicios a la empresa, sino los proyectos suspendidos, así como la pérdida de espacio internacional de las grandes constructoras brasileñas que, como Odebrecht y Camargo Correa, al estar involucradas en los delitos, podrán ser excluidas de licitaciones.
En ese sentido, Colombia, Perú y Ecuador iniciaron averiguaciones sobre Odebrecht, y el Gobierno colombiano insinuó que la excluiría de las licitaciones para obras públicas.
Incluso fuentes del equipo de Rousseff dejaron trascender que la mayor constructora del país cederá terreno ante firmas chinas con las que lleva adelante una disputa palmo a palmo en África.
En la reunión, la presidenta aseguró además que el Petrolão disparó un sentimiento de incertidumbre que se replica por toda la sociedad y que propició que su Gobierno enfrentara varias derrotas en el Congreso, donde el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) abrió un frente de batalla pese a formar parte de la coalición gobernante.
Rousseff insistió en la necesidad de reforzar los trabajos para la unificación de la base de apoyo con la que la administración cuenta en el Senado y la Cámara de Diputados, que reiniciarán sus tareas en agosto tras el receso invernal.
La agenda de votaciones para las próximas semanas incluye proyectos importantes como una reforma en el Impuesto Sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), una suerte de tributo que incide sobre el consumo y que es de recaudación de los estados, además del proyecto de blanqueo de los recursos de brasileños en el exterior.
| Agencias ANSA y Brasil247 |
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