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Escurridizo, Schoklender niega tener empresa
Hebe de Bonafini
Tenca le dijo anoche a este diario que Schoklender «no es más propietario de Meldorek», como consta en el registro de una asamblea de accionistas llevada a cabo en febrero del año pasado. En esa reunión, el mayor de los hermanos Schoklender había pasado a controlar el 90% de la compañía ligada al escándalo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Oyarbide y los fiscales Di Lello y Raúl Pleé intentan establecer si los Schoklender se valieron de sociedades anónimas para desviar supuestamente fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas. Meldorek es una pieza fundamental en la pesquisa. De acuerdo con las actas del año pasado, el 10% restante de la firma estaba a cargo de Gustavo Serventich, un piloto que manejaba dos aeronaves que supuestamente utilizaba el exapoderado de Madres.
«Esta causa va a terminar con que no hubo delito alguno. Cuando se hagan bien las cuentas, se va a establecer que no hubo administración fraudulenta por parte de nadie», aseguró Tenca. El abogado no pudo establecer en qué momento Schoklender supuestamente se desembarazó de la mayoría accionaria de Meldorek ni a quién o quiénes transfirió esa parte del paquete.
Además, sostuvo que su defendido esperará ser convocado por Oyarbide para exponer sus argumentos y no responderá los cuestionamientos que en los últimos días le dedicó Hebe de Bonafini. Hace dos semanas, Schoklender y su abogado se presentaron en dos ocasiones ante el magistrado para ponerse a su disposición y acercarle documentación. Oyarbide les contestó que recién lo convocará una vez analizados los papeles del expediente.
Desde hoy, el juez se abocará al estudio de la prueba recogida en dos allanamientos realizados la semana pasada en dependencias de la asociación Madres de Plaza de Mayo. También deberá resolver acerca del pedido de Bonafini de constituirse como querellante, es decir, acusadora. De aceptarlo, será un indicio de que para el magistrado todavía no existen pruebas para incriminar a Bonafini en las supuestas irregularidades achacadas a los Schoklender.
Mientras la causa permanece bajo secreto de sumario, Oyarbide también deberá analizar los pedidos que le elevó la semana pasada el fiscal Di Lello: en particular, llamar a declaración testimonial a los escribanos que intervinieron en la conformación de una serie de sociedades anónimas creadas en el entorno de los Schoklender, como publicó ayer este diario.
En declaraciones radiales, Di Lello afirmó que por el momento «no tiene sentido llamar a indagatoria» a Schoklender y al resto de los acusados por entender que hacerlo sin las pruebas suficientes para acusarlos «sería una vulneración» de sus garantías procesales o «un acto infundado».
El fiscal reconoció que la información acerca del crecimiento patrimonial de los Schoklender «no tiene que ver con el desempeño profesional» de ambos, pero admitió que su supuesta acumulación de bienes no es objeto de la investigación.
Dijo que de momento la Fundación Madres de Plaza de Mayo «puede ser considerada en primera instancia, parcialmente o eventualmente víctima» de irregularidades, más que cómplice.
«Estamos tratando de ver si hay un gran fraude, un desvío de fondos del Estado hacia un interés que no era el motivo que se les asignó a las Madres, y si hay una organización encargada de realizar una serie de casos de distintos tipos de delitos», añadió.


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