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España: denuncia abusos el 40% de los ilegales detenidos
El anuncio provocó una inmediata desmentida del Ministerio del Interior, que señaló a través de un comunicado que de todos los casos denunciados sólo tuvo conocimiento de uno, ocurrido el pasado 29 de mayo de 2009 en el centro de internamiento de Madrid, y por el que ya se abrieron diligencias que fueron remitidas a la autoridad judicial.
La denuncia está contenida en un documento de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que visitó tres de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existen en el país y realizó en ellos, con autorización del Ministerio del Interior, más de cien entrevistas con inmigrantes recluidos.
El 40% de ellos procede de América Latina y llevaba viviendo un tiempo en España antes de su ingreso. Otro 20% corresponde a africanos llegados al país en pateras, tras una media de tres o cuatro años de viaje desde sus respectivos países hasta alcanzar territorio español. Y otro 20% son africanos que llevaban años viviendo en territorio español.
Cuatro de cada diez personas recluidas en Málaga, Madrid y Valencia denunciaron un trato «negativo o muy negativo», si bien según CEAR no se trata de una «práctica generalizada». El 4%, además, relató maltratos graves e incluso torturas.
La mayoría de estos inmigrantes internados carece de elementos básicos, como ropa y hasta de inodoros en sus celdas, además de no saber quién es su abogado.
Según CEAR, las personas detenidas en los CIE se quejan de una comida de mala calidad e insuficiente, falta de apetito, síntomas de adelgazamiento, debilidad, hambre, deficiencias en la atención médica y errores de diagnóstico en enfermedades físicas y psíquicas, entre otras cosas.
«Los CIE repugnan al Estado de derecho y hay que tomar medidas, y hay medidas que se pueden tomar, principalmente vinculadas al maltrato y la tortura», manifestó el secretario general de CEAR, Alfredo Abad.
A finales de noviembre, el Parlamento español aprobó la nueva Ley de Extranjería, que amplió de 40 a 60 días el plazo en el que los inmigrantes en situación irregular detenidos por las fuerzas de seguridad pueden estar en los centros de internamiento antes de ser expulsados. Esta reforma es la primera que impulsa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien se trata de la cuarta que tiene lugar en el país.
España registró en los últimos años un importante aumento del número de inmigrantes: de 800.000 en 1999, a 4,5 millones diez años después.
Según CEAR, algo más del 60% de los inmigrantes recluidos en los CIE no son delincuentes, sino personas que por carecer de papeles para vivir en España incurrieron en una falta administrativa.
Agencias DPA y EFE
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