Nunca antes un familiar del rey había tenido que responder ante la Justicia. El llamado "caso Noos" hizo tambalear los cimientos de la monarquía y contribuyó decisivamente a la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo hace año y medio. Aunque en el banquillo se sientan 18 personas, el principal acusado es cuñado del rey Felipe, el presunto cerebro del entramado que facilitó la obtención de contratos de administraciones públicas -estimados en seis millones de euros- aprovechándose de su condición privilegiada. El fiscal pide 19 años para él. La infanta, en tanto, fue inculpada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales de su marido, ya que a través de una de las empresas del matrimonio ocultó dinero al fisco.
Ambos llegaron ayer juntos al tribunal y se sentaron con semblante serio y demacrados en la tercera y última fila del banquillo, separados entre sí por tres acusados. Durante las horas de la sesión apenas se miraron. En la pared de enfrente, como en toda sala institucional, colgaba un retrato de Felipe de Borbón. Al convertirse en rey levantó un muro de contención frente a ellos: sacó a la infanta de la familia real, le retiró el pasaporte diplomático y le quitó el ducado de Palma que le había otorgado su padre con motivo de su boda, en 1997.
Para la hermana del rey, podría ser la primera y la última sesión ante el tribunal de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares que integran tres magistradas. Tal y como anunciaron, su defensa y el fiscal pidieron su exoneración del juicio porque sólo la inculpa la acusación popular, que ejerce la organización Manos Limpias. Recurrieron para ello a la "doctrina Botín", un precepto jurídico al que el banquero Emilio Botín dio involuntariamente nombre cuando en un caso que lo involucraba, el Tribunal Supremo fijó que nadie puede ser juzgado por delitos fiscales si no lo acusan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
Hacerlo sería una "discriminación no justificada", dijo el fiscal, Pablo Horrach, que en su día se enfrentó por eso al juez instructor del caso, José Castro, con quien hasta ese momento había caminado de la mano en la investigación de la trama de corrupción.
El abogado de la infanta, Jesús María Silva, aportó al tribunal diez sentencias que desarrollan la doctrina.
"Solicitamos la nulidad de la sesión de apertura de juicio oral en lo relativo a Cristina de Borbón", dijo el letrado, seguido desde el banquillo por ella, que aguantó horas seria y erguida, tratando de no crispar el rostro. "La pesadilla de los grandes juristas es llegar a juicio bajo la acusación sólo de la acción popular".
La abogada de Manos Limpias defendió que dejarla fuera del proceso "perjudicaría a la Justicia española, dejaría perjudicada a la corona y la propia infanta quedaría estigmatizada socialmente".
Junto a la hermana y el yerno del rey están acusados el socio de Urdangarin y su mujer, así como políticos y ex altos cargos públicos, entre ellos el exjefe del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente con José María Aznar. Ninguno tomó ayer la palabra en una sesión dedicada a cuestiones previas como la aplicación de la "doctrina Botín" a la infanta.
El proceso, que previsiblemente durará hasta junio, se retomará el 9 de febrero, un mes en el que ya declararán los acusados. Antes de esa fecha, el tribunal debe decidir si sigue juzgando a la infanta.
Su segura exoneración causará irritación en la sociedad española, muy sensible a los temas de corrupción tras unos años de grandes escándalos de este tipo en paralelo a la crisis económica. "Creemos que sería un verdadero escándalo que Doña Cristina no tuviera que sentarse en el banquillo", se lee en la editorial del diario El Mundo.
Ante su magnitud, con 18 acusados, numerosos abogados defensores y unos 600 periodistas acreditados, la Audiencia Provincial de las Islas Baleares trasladó el proceso a una escuela de administración pública en un polígono del extrarradio de la ciudad de Palma.
| Agencias DPA y AFP |
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