Esperable: Pedraza negó todo pero igual sigue detenido

Ante la jueza, el sindicalista José Pedraza dijo ser «totalmente ajeno» al crimen y defendió la creación de las firmas tercerizadas ferroviarias.

El jefe del sindicato Unión Ferroviaria, José Pedraza, pidió ayer ser excarcelado y aseguró que tiene «contenido político» su detención ordenada por la Justicia en la investigación por el asesinato del activista del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y se declaró «totalmente ajeno» al crimen.

Pedraza, que pasó la noche en el penal de Ezeiza, planteó su excarcelación al igual que su segundo en el gremio, Juan Carlos «Gallego» Fernández. El reclamo fue rechazado por el fiscal de la causa, Fernando Fiszer, pero la decisión final quedará a cargo de la jueza de Instrucción Susana Wilma López, que ordenó el martes detener a ambos dirigentes y al delegado Claudio Alcorcel.

El abogado de los líderes sindicales, Carlos Froment, alegó en su pedido de excarcelación que ni Pedraza ni Fernández entorpecerán la investigación ni intentarán escapar en caso de ser liberados, que ambos mantienen domicilios constituidos y que no tienen antecedentes penales. Basó el planteo en un plenario de la Cámara de Casación Penal en la causa Díaz Bessone, según el cual la gravedad de la posible pena aplicable a un sospechoso -en este caso fueron imputados por homicidio calificado- no basta para denegar la libertad.

Pero además la defensa de Pedraza impregnó de «tinte político» la detención del jefe del sindicato, sin dar mayores detalles. La línea argumental, según pudo establecer este diario, apuntará a que el ferroviario fue apresado sin pruebas en su contra y recordará el caso del jefe del sindicato de peones rurales, Gerónimo Venegas, detenido hace dos semanas por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por la «mafia de los medicamentos» y liberado 36 horas después.

En términos políticos, Pedraza nunca rompió sus lazos con el Gobierno ni con el líder de la CGT, Hugo Moyano, a pesar de integrar las filas de los «gordos», representantes de grandes sindicatos de servicios que objetan la conducción del camionero en la central obrera.

En las tres horas y media que duró la indagatoria del martes, Pedraza fue imputado por los delitos de «homicidio calificado y lesiones» y por su presunta participación en un «emprendimiento criminal». La jueza aludió así al armado de un grupo de choque orientado a disolver una protesta de trabajadores tercerizados del Roca que planeaba cortar las vías a la altura de Avellaneda. Esa manifestación derivó en incidentes con el grupo de choque, y en el asesinato de Ferreyra en Barracas, el 20 de octubre pasado.

Sospecha

Froment le dijo a este diario que de la lectura de los cargos no surgió «prueba alguna» que involucrase a sus defendidos con el homicidio y las lesiones que sufrieron Elsa Rodríguez -recibió un balazo en la cabeza- y otros adherentes al grupo de tercerizados. Según el abogado, tampoco formaron parte de la indagatoria las escuchas telefónicas que ordenó la jueza sobre los celulares de Fernández, Pedraza y del delegado del Roca Pablo Díaz, detenido desde octubre pasado en la causa y presente al momento de los incidentes.

La magistrada sospecha que los líderes gremiales instigaron al grupo de choque a «aleccionar a los tercerizados» para poner fin a los cortes de vías. Y que una motivación central para hacerlo fueron los presuntos vínculos de la cúpula del gremio con las cooperativas de trabajo que operan para el Roca.

Cuando López les preguntó a Pedraza y a Fernández por su relación con esas compañías, ambos recordaron que se formaron en los años 90, luego de la privatización masiva de los ferrocarriles para incorporar a personal que no hubiese calificado para ingresar a una firma privada por su avanzada edad.

En el caso de Fernández, la jueza quiso saber por las conversaciones telefónicas con Díaz durante la jornada del 20 de octubre. El sindicalista contestó que las cuatro llamadas que quedaron registradas eran lógicas habida cuenta que Díaz es un subordinado suyo en el sindicato y quería anoticiarse de primera mano acerca de los incidentes. Ese día, Fernández compartió con Pedraza un congreso del gremio. El jefe ferroviario, en tanto, dijo haber anoticiado un día antes al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, acerca de la intención de los tercerizados de cortar las vías. Lo comentó un día después de los incidentes, cuando se presentó a declarar como testigo ante la jueza López.

Con la detención de Pedraza, Fernández y Alcorcel, cuyas situaciones procesales deberá resolver la jueza en un plazo de diez días, son diez los apresados. Los siete primeros fueron procesados por la autoría inmediata del hecho: dos de ellos como presuntos tiradores, Pablo Díaz como organizador del grupo y los cuatro restantes, como apoyo necesario.

El fiscal Fiszer también pidió las declaraciones indagatorias de cinco jefes policiales, señalados como posibles responsables de liberar la zona de Barracas en la que se produjeron los incidentes que derivaron en la muerte de Ferreyra.