La designación de un empleado público implica comprometer unos $40 millones del Estado, estimó ayer la consultora IDESA, la cual advirtió que la prohibición a los familiares de funcionarios a ser nombrados en ese sector "no resuelve los problemas ligados con la sobredotación y baja profesionalidad". Esta medida "tiene un valor simbólico, que también denota impotencia frente a las dificultades para profesionalizar el Estado".
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En el informe toma como ejemplo a "un empleado público provincial que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad". A lo largo de su vida activa, "habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones". "Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca", calculó y subrayó que, de ese modo, "designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones" de los recursos.
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