Estafa por pago en Economía llegaría a $ 400 millones

Juan Cayetano Intelisano quedó en el centro de las acusaciones por el dudoso pago de $ 54 millones a empresas de seguros.

La carrera del ascendente director de Administración, Juan Cayetano Intelisano, dentro del Ministerio de Economía, quedaría truncada en las próximas horas como consecuencia del escándalo que generó la denuncia por el presunto pago ilegítimo de $ 54 millones por parte del Estado en 2007 a un grupo de empresas de seguros extranjeras, pero que podría integrar una estafa por un total de $ 400 millones. Las investigaciones presentadas por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, y por el fiscal Raúl Plée a mediados de diciembre pasado destaparon un caso en el que no sólo se cuestiona el desembolso millonario, sino que también se sugiere el presunto pago de coimas por parte del conglomerado Accolade Pool a funcionarios argentinos. Entre los más implicados se encuentran el ex subsecretario legal del Ministerio, Osvaldo Siseles, y la ex directora general de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, ambos imputados en la Justicia por el caso Greco.

El ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial había logrado esquivar el conflicto y rescatar su puesto de planta, a pesar de que se le pidió su renuncia en 2007, cuando un sumario interno del ministerio (a cargo en ese momento de Miguel Peirano) descubrió el pago y lo derivó a la FIA y a la Unidad de Información Financiera (UIF). Sin embargo, Intelisano siguió en la cartera, nada menos que como director general de Administración. Es decir que aún hoy (y durante todo 2008) está a cargo de todas las licitaciones y órdenes de pago que decide Economía, a pesar de haber sido investigado por el propio ministerio como el autor de un pago irregular. Desde Economía ayer informaron que la situación del funcionario es analizada y tendrá una pronta definición.

Con la denuncia penal de Garrido las cosas cambian, hay que evaluar la situación, aseguraron, sin bien en seguida aclararon que para relevarlo de su cargo actual son necesarios otros mecanismos legales. Sin embargo, resulta inexplicable por qué Intelisano permaneció todo el año en el cargo (tanto durante la gestión de Martín Lousteau como en la del actual ministro Carlos Fernández).

Intelisano fue acusado por Garrido y por Plée de haber sido quien viabilizó el pago de casi $ 54 millones al grupo de aseguradoras Accolade Pool, que habían demandado al Estado por contratos de reaseguro incumplidos con la Caja Nacional de Ahorro y Seguros (CNAS), firmados en el exterior entre 1977 y 1982. Si bien las aseguradoras nunca aportaron sus contratos y la demanda fue desestimada por la Justicia argentina en primera y segunda instancia (en 2003 y 2005), el ministerio pagó al contado una suma millonaria por el reclamo. Y no sólo eso; habría pagado de más. Según los cálculos de la Dirección de Deuda Pública, el monto a pagar, más los intereses, era de $ 9.715.311,42; Economía pagó $ 53.963.112. El caso hoy está a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

La irregularidad, descubierta diez días antes del cambio de Gobierno en 2007, en realidad forma parte de toda una estructura que es investigada hace por lo menos diez años. En este sentido, no es casual que dos de los principales implicados en la investigación de Garrido hayan participado en el caso Greco, un escándalo donde también quedaron al descubierto irregularidades en el sistema de pagos del Estado. De hecho, en la denuncia del titular de la FIA se menciona que el giro en la historia de la demanda se produce luego de una reunión que mantienen los representantes de Accolade Pool con Siseles, quien le pide a Eggink, (quien tras su salida de Economía ahora trabaja el ministerio de Planificación) un dictamen en el que se apruebe el pago a las aseguradoras, sin ningún tipo de fundamentos suscriptos por la directora general de Asuntos Jurídicos. Según la investigación, unos días después la apoderada de las aseguradoras transfirió distintos porcentajes de las sumas que el Estado iba a pagar. Los montos de estos porcentajes, según una hipótesis del informe que pide profundizar a la Justicia, serían «los distintos montos de los 'peajes' comprometidos a cambio del pago». Dentro de la acusación del fiscal también se afirma como hipótesis que los acreedores «hayan acordado por una suma menor quedando el resto como un pago de comisión, indebida, por gestiones de cobro. Un cohecho».

Del otro lado, la denuncia apunta al empresario croata Iván Holjevac como la cabeza visible del pool de aseguradoras (y del cobro), señalado como uno de los hombres que más dinero habría hecho en la Argentina a costa del Estado, al especializarse presuntamente en cobrar juicios (muchos de ellos sin sentencia) a través de funcionarios que trabajan en el Ministerio. El producto de esas gestiones le habría servido par adquirir el Edificio Santa María en Miami, a nombre de Wiunterbill SA, como tambien supuestamente el Hotel Las Cumbres en Punta del Este y otro ubicado en «Cerro de los Demonios» en Laguna del Sauce,