ETA complica al delfín de Zapatero

Madrid - A falta de escasos dos meses para las cruciales elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno español se enfrentaba a graves acusaciones de la oposición debido a unos documentos del grupo armado vasco ETA sobre el fallido proceso de paz de los años 2006/2007 publicados ahora por la prensa del país.

El blanco principal de las críticas del Partido Popular (PP) es el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que a sus 59 años es el posible sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero en caso de que éste, como parece, no se presente a la reelección en los comicios de marzo de 2012.

Los conservadores acusan a Pérez Ru-balcaba de estar detrás de un aviso a ETA que en pleno proceso de negociación evitó la detención de varios miembros del grupo dedicados a la extorsión económica de empresarios vascos y que tenían su punto de encuentro en el bar Faisán de la localidad vasca de Irún. Su propietario es un presunto colaborador de ETA llamado Joseba Elosua.

Según consta en la investigación judicial del caso, el 4 de mayo de 2006 un individuo, se supone que un policía, entró en el local y entregó a Elosua un teléfono móvil en el que éste recibió una llamada avisándole de una inminente redada policial. Todo quedó registrado por una cámara de videovigilancia de las fuerzas de seguridad cuya grabación, sin embargo, fue misteriosamente manipulada.

Detenciones

Aunque en su momento la operación policial tuvo que ser abortada, se llevó a cabo seis semanas después, el 22 de junio de 2006. Ese día fueron detenidas 12 personas, entre ellas Elosua, y otras dos cinco días después.

Por otra parte, la investigación del «chivatazo» llevó a la imputación del entonces director general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, del jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y del inspector José María Ballesteros, quien admitió haber estado el 4 de mayo en Faisán.

Las actas de ETA fueron incautadas en 2008 en Francia a su entonces jefe, Francisco Javier López Peña, alias «Thierry». Los documentos, que empezaron a publicar esta semana los diarios El Mundo y El País, describen la redada y muchos aspectos más de las negociaciones desde la perspectiva del grupo armado.

Según esos papeles, cuya veracidad el Ejecutivo de Zapatero pone en duda, los interlocutores del Gobierno incluso se disculparon ante los emisarios de ETA por los arrestos. «Las detenciones del bar Faisán son un accidente grave, pero no lo hemos podido parar». «Es un accidente importante, y cuando lo escuché, me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis», habría enfatizado uno de ellos.

Pedido

El PP, que sí otorga verosimilitud a estos documentos, acusa al Gobierno y en particular al ministro del Interior de haber hecho concesiones a los terroristas para evitar que el proceso de paz fracasara y sostiene que el «chivatazo» del bar Faisán respondió a una orden política de no detener a miembros del grupo armado. Los conservadores piden por ello la dimisión de Pérez Rubalcaba, al que acusan de «colaborar con ETA».

Según las actas del grupo armado, los interlocutores de Zapatero también aseguraron a la organización que «el objetivo final del proceso no es la rendición de ETA», sino que la izquierda independentista y ETA «puedan defender su proyecto político y que ETA desaparezca porque existen esas vías políticas».

Esta afirmación la habrían hecho los mediadores del Gobierno el 18 de mayo de 2007. Algo que llama la atención, ya que en ese entonces el proceso de paz estaba prácticamente muerto debido a que el 30 de diciembre de 2006 ETA había hecho estallar una furgoneta bomba en un aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Madrid, un atentado que costó la vida a dos inmigrantes ecuatorianos. Finalmente, el 5 de junio de ese año ETA anunció que ponía fin a su alto el fuego.

Pérez Rubalcaba niega las acusaciones y alega que el Gobierno nunca confió en el grupo. Y que eso precisamente llevó a debilitar tanto a ETA que ésta se vio obligada a declarar una nueva tregua en enero pasado.

También insiste en poner en tela de juicio el contenido de las actas del grupo armado que ahora salieron a la luz.

Agencia DPA