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Evo la emprende contra rivales en nuevo mandato
Morales, que el viernes asumió su segundo mandato para los próximos cinco años, ha pedido a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el oficialismo, que su primera ley sea precisamente la de investigación de fortunas.
La norma aumentará sin duda la presión sobre muchos opositores que en las últimas semanas son objeto de una oleada de denuncias de distinta naturaleza planteadas desde el oficialismo y que temen ir de forma inexorable a sentarse en el banquillo de los acusados.
Para el Gobierno de Morales se trata de un «caballo de batalla» contra la corrupción sin que importe la adscripción ideológica de los acusados. Pero en los hechos existe una abrumadora mayoría de demandas contra seis ex gobernadores opositores y sólo una contra una autoridad oficialista.
Hay casos emblemáticos, como el del ex candidato presidencial opositor Manfred Reyes Villa, que en los comicios recientes consiguió un apoyo del 26% en las urnas (1,2 millón de votos), pero después huyó hacia Perú y luego a EE.UU., pese que sobre él pesaba una prohibición judicial de salida al exterior.
En su caso, el Ministerio de Transparencia tiene once denuncias concretas de supuestos delitos cometidos cuando era gobernador de la región de Cochabamba (2006-2008) y la Contraloría otras cuatro.
Reyes Villa, que ha denunciado una frontal persecución política de parte de Morales por pensar diferente y ser opositor a su proyecto, se ha quejado de que en su contra hay 19 denuncias y de haber sido citado 22 veces en la Justicia mientras era candidato.
Además, el ex gobernador opositor de Tarija Mario Cossío tiene cinco denuncias en las mismas instancias; el de la región de Beni, Ernesto Suárez, cuatro; el de Santa Cruz, Rubén Costas, dos. Todos ellos aspiran a la reelección en los comicios regionales de abril. La todavía gobernadora de Chuquisaca, Savina Cuéllar, tiene una denuncia en su contra, y el ex gobernador de La Paz, José Luis Paredes, una de la Contraloría y ocho más en el Ministerio de Transparencia, la peor de ellas sobre supuesto enriquecimiento ilícito.
Paredes, que le prestó a Reyes Villa la sigla de su partido para que pueda presentarse en los últimos comicios, salió del país el 4 de enero hacia la Argentina, pero no hay reportes de su vuelta a Bolivia.
Por el contrario, en las mismas filas del oficialismo, Transparencia ha denunciado ante la Fiscalía al gobernador de Oruro, Luis Aguilar, por supuestos delitos en un contrato, si bien seguirá ejerciendo su cargo hasta mayo, cuando sea relevado por el sucesor electo en abril.
Otro caso es el del ex candidato a la vicepresidencia de Reyes Villa, Leopoldo Fernández, acusado y preso (desde hace más de un año y a la espera de juicio) por genocidio, pero también denunciado por corrupción cuando era gobernador de Pando.
Esta nueva ola de denuncias sigue a otra que se produjo durante el primer Gobierno de Morales y que provocó la huida del país hacia EE.UU. o Perú de otros políticos opositores como ex ministros y dirigentes cívicos regionales, acusados por genocidio, terrorismo o conspiración.
La huida de Bolivia, según el presidente Morales, ha sido en esos casos una confesión de culpa para los acusados, que en su defensa han alegado que no confían en el Poder Judicial por su evidente crisis y su supuesta sumisión a las directrices del Ejecutivo.
Al hablar sobre los ex gobernadores opositores, la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, rechazó tajantemente la denuncia de persecución política con el argumento de que hay delitos concretos de los que se los acusa. Insistió en que todos ellos pueden defenderse en el país.
La ministra está segura de que muchos ex gobernadores que no sean reelegidos en abril y ex legisladores de la oposición también huirán del país en los próximos meses cuando el Legislativo apruebe la ley para investigar fortunas sospechosas de corrupción.
Agencia EFE
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