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Exculpan a jefes de Fuerza Aérea por accidente fatal
La Cámara Federal revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito respecto del brigadier (hoy en retiro) José Luis Gabari Zoco, excomandante de Operaciones Aéreas de la fuerza; del brigadier mayor Marcelo Ayerdi, comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la organización militar (número tres de la estructura), y de los comodoros Oscar Bergia, César Sprenger, Carlos Grzona y Sebastián Segura (retirado).
Con el voto de dos de sus tres miembros, la Sala I del tribunal contradijo el criterio que había aplicado el juez Claudio Bonadío, que había procesado a los militares por presunto «estrago doloso agravado» y le había trabado embargo por 100 mil pesos a cada uno. Se trata de un caso que conmocionó la Fuerza Aérea por ser la primera vez que uniformados sufrían el embargo de sus bienes por un accidente ocurrido durante una operación militar.
El 9 de marzo de 2006, un Lear Jet que tenía como misión devolver a la Argentina a González García de Bolivia (que finalmente salvó su vida por haber regresado al día siguiente junto a su comitiva en otra aeronave) se precipitó a tierra poco después de haber despegado del aeropuerto El Alto y causó la muerte de todos sus ocupantes.
Un año después, el expiloto y cineasta Enrique Piñeyro presentó una denuncia en la que pidió fuese investigada «toda la línea jerárquica de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa» por entender que habían sido responsables de que «se realizara una operación completamente fuera de norma» al habilitar la operación de un avión en un aeropuerto ubicado 3.400 pies por encima de lo autorizado por sus manuales.
El juez Bonadío comprobó que el Lear Jet Tango-21 está habilitado a despegar de aeropuertos cuya altura no supere los 10 mil pies, en tanto que la estación de El Alto está ubicada a 13.400 pies. El magistrado estableció, además, que la operación fue autorizada a instancias de un agregado practicado por la Fuerza Aérea al manual de la aeronave sin la homologación del fabricante.
Ilegalidad
Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah coincidieron con Bonadío en la ilegalidad del procedimiento, pero determinaron que la incorporación al manual databa de más de 20 años y que en ese tiempo la operación en El Alto se había vuelto habitual. Para Ballestero y Farah, ese argumento bastó para dictar la falta de mérito, tal como quedó resuelto, en tanto que Freiler votó en disidencia por la confirmación de los procesamientos de los altos oficiales de la Fuerza Aérea.
En lo que sí coincidieron los tres jueces fue en la necesidad de ahondar la investigación respecto de las responsabilidades originarias en los cambios en los manuales de operación del Lear Jet. La modificación elevaba a 14 mil pies el límite establecido para las actividades de la aeronave, lo que de acuerdo con la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea de Bolivia causó el accidente.
Para llevar a cabo los despegues y aterrizajes en El Alto, los pilotos de la Fuerza Aérea debían desconectar parte del instrumental de la aeronave «para engañar» el sistema de seguridad, tal como consta en la causa judicial.
«El accidente no fue más que un testimonio; el más concreto y palmario que se pueda tener acerca del peligro enquistado en una práctica que, año tras año, permitía operar la aeronave por fuera de sus legales limitaciones», señala el voto de la mayoría. Y agrega que «es en su origen y en su práctica constante donde residió, desde un comienzo, el componente que elevó el riesgo», para concluir: «No fue sino el azar el que determinó que fuera ese día y esa tripulación los protagonistas que acompañaron la manifestación de ese riesgo vigente por décadas».
La tripulación del vuelo, que un día antes había llevado sin inconvenientes al entonces ministro de Salud, falleció en el accidente:
el comandante, capitán Fernando Francos, el copiloto, primer teniente Matías Simonetti,
el mecánico, suboficial Javier Brondi y tres suboficiales que iban de pasajeros.
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