La Justicia sobreseyó ayer a Fernando de la Rúa por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco manifestantes durante los disturbios en el centro de la Capital Federal el 20 de diciembre de 2001, horas antes de su renuncia a la presidencia de la Nación. La decisión fue tomada por el juez Claudio Bonadío -el mismo magistrado que lo procesó en octubre de 2007 por estos hechos-, quien consideró en una resolución de 50 carillas que no pudo probarse si el ex mandatario «dio la orden» para desalojar Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001.
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De la Rúa también fue sobreído ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal N°16 de Capital Federal, que cerró por prescripción la causa en la que era investigado por la presunta contratación de empleados «ñoquis» en el ex Concejo Deliberante porteño. De la Rúa, entonces jefe de Gobierno de la ciudad, estaba acusado de usar supuestamente los servicios particulares de un jardinero que cobraba en el ex Concejo Deliberante. El ex presidente siempre negó las acusaciones.
En el caso de la investigación por los disturbios de 2001, Bonadío entendió que «a más de ocho años de iniciada la investigación, el tribunal no cuenta con ningún elemento que permita presumir un accionar delictivo por parte de Fernando de la Rúa». El magistrado basó su fallo en una resolución de la Cámara Federal, que había revocado un procesamiento previo a De la Rúa y ordenado profundizar la investigación para tomar una nueva decisión respecto de su situación.
No probado
El cierre de la causa evita una dilación «innecesaria», sostuvo Bonadío, en una resolución que será apelada por el fiscal del caso, Luis Comparatore, según anticipó ayer. Bonadío agregó en su dictamen que las pruebas ordenadas por decisión de la Cámara «han arrojado resultados negativos, por lo que no restando medidas de prueba por realizar, corresponde sobreseer al nombrado».
El juez consideró que, si bien De la Rúa dispuso el estado de sitio que precedió a su renuncia, no quedó demostrado que haya tenido responsabilidad en los cinco casos de homicidio y 117 lesiones culposas que se le atribuyeron. Según el texto del dictamen, en la causa no pudo demostrarse «quién dio la orden de represión», y el hecho de que el ex presidente fuera «cabeza de la estructura» del Poder Ejecutivo «no implica que tuviera funciones operativas» ante los sucesos.
En este sentido, el juez consideró no probado que el ex presidente haya estado en reuniones de gabinete relativas al tema de la seguridad en ese período, como una que lo ubicaba junto a su ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y el ex ministro de Interior, Ramón Mestre. Citó como ejemplo los dichos del ex jefe de Gabinete, Christian Colombo, quien declaró como testigo que la mañana del 20 de diciembre de 2001 De la Rúa sólo estuvo reunido con él.
El juez también sobreseyó y dio por finalizada la pesquisa sobre cinco ex policías federales: los ex comisarios y oficiales Alfredo Héctor Salomone, Próspero Raúl Trezeguet, Daniel Alfredo Manzini, René Jesús Derecho y Osvaldo Cannizzaro.
El ex presidente también fue sobreseído por la supuesta contratación de «ñoquis» en el ex Concejo Deliberante porteño, ya que prescribió la causa por la que iba a ser sometido a juicio oral.
La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 16 de la Capital Federal se refiere a la causa por el supuesto aprovechamiento particular de los servicios de un jardinero, Benito Pasó, quien habría cobrado sueldos del disuelto Concejo Deliberante, pero realizaba trabajos en la casaquinta del ex mandatario, en la localidad bonaerense de Villa Rosa. Los jueces María Cristina Bertola, Hugo Norberto Cataldi y Gustavo Rofrano determinaron cerrar la causa en su contra, al entender que había transcurrido el «plazo máximo» que fija la ley «sin actividad procesal útil» para interrumpir la prescripción.
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