Ferreyra: camarista figura en denuncia

En la edición del 27 de enero, este diario reveló la trama en torno al caso Ferreyra que derivó, esta semana, en allanamientos.

Un camarista es mencionado en las escuchas telefónicas que motivaron la apertura de una nueva causa por presunto tráfico de influencias, paralela a la que investiga el crimen de Mariano Ferreyra. La causa, que anticipó en exclusiva este diario la semana pasada, permanece en secreto de sumario luego de un allanamiento practicado el martes en las oficinas del exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, quien estuvo a cargo de la defensa de uno de los acusados por el asesinato del activista del Partido Obrero. Las escuchas que incriminaron a Aráoz de Lamadrid mencionan al juez de Casación Eduardo Riggi como presunto objeto de un soborno para forzar la excarcelación de los siete detenidos.

La apertura de una causa paralela explica la decisión de la jueza Susana Wilma López, que investiga el crimen de Ferreyra, de reimplantar en las últimas semanas el secreto de sumario. Fuentes judiciales dijeron que la magistrada ordenó las escuchas telefónicas, analizó su contenido, extrajo testimonios y elevó las actuaciones para ser sorteadas en otro juzgado. El expediente recayó en el juzgado de Instrucción 11, a cargo de Luis Rodríguez, pero por estar de vacaciones quedó de manera circunstancial en manos de su colega Osvaldo Rappa.

Maniobra

Las sospechas giran en torno a una posible maniobra orquestada por el sindicato Unión Ferroviaria para forzar la liberación de los imputados, y de este modo licuar la posible responsabilidad del jefe del gremio, José Pedraza. Es que la anterior fiscal del caso y actual viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, había pedido la citación a indagatoria de Pedraza y de su segundo en la estructura del sindicato, Juan Carlos «Gallego» Fernández.

En el expediente principal, hay siete procesados y detenidos. Entre ellos, dos hombres sindicados como tiradores (Cristian Favale y Gabriel Sánchez) y un delegado de la Unión Ferroviaria, Pablo Díaz, señalado como presunto organizador de un grupo de choque destinado a repeler una manifestación de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca.

Aráoz de Lamadrid fue hasta hace pocas semanas el abogado defensor de Guillermo Armando Uño, también procesado y detenido. Aunque renunció a esa representación, la investigación apunta a determinar si utilizó sus influencias como exjuez federal y como exsubordinado de Riggi en la Cámara de Casación para abrir una vía de negociación que facilitase las excarcelaciones a cambio de dinero.

Este martes, la Sala de feria de Casación consideró inadmisibles los recursos presentados por cuatro de los detenidos para plantear su excarcelación. Y ayer, la Sala III de la Cámara, que integra justamente Riggi junto con Liliana Catucci y Gustavo Mitchell, fue sorteada para intervenir en los recursos de queja presentados por tres de los siete detenidos (Favale, Sánchez y Uño) ante sus autos de procesamiento y prisión preventiva.