Ferreyra dispara una causa por subsidios

La investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra desprendió una esquirla hacia el Gobierno. La jueza de Instrucción Susana Wilma López, a cargo de la causa por el crimen, pidió abrir un nuevo expediente vinculado con la posible responsabilidad de funcionarios en la distribución de fondos a las compañías tercerizadas que trabajan para el ferrocarril Roca, ligadas a su vez al sindicato Unión Ferroviaria.

En el escrito de elevación a juicio oral, al que tuvo acceso este diario, la magistrada planteó la apertura de otro sumario y su envío a otro juzgado previo sorteo en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.

La base de la nueva causa serán las denuncias del fiscal Fernando Fiszer acerca de los recursos estatales enviados a la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, que presta servicios para la Ugofe, concesionaria del Roca.

Allanamiento

Se trata de una cooperativa que centraliza los contratos del personal de limpieza y mantenimiento de vías para la Ugofe y que preside Raúl Castellanos, un dirigente de la Unión Ferroviaria. Un allanamiento ordenado por la jueza en febrero permitió hallar indicios acerca de un posible vínculo adicional de la firma con uno de los hijos de José Pedraza, el jefe del sindicato encarcelado como presunto instigador del crimen de Ferreyra.

El sostén financiero de la Ugofe -así como del resto de las concesionarias ferroviarias- y por lo tanto de la cooperativa son los subsidios estatales. La propia concesionaria, creada para hacerse cargo de los servicios del Roca, el San Martín y el Belgrano Sur, mantiene una porción estatal.

Ambas condiciones hicieron sospechar al fiscal y a la jueza de un posible «delito de acción pública de competencia federal». «El fiscal entiende que la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Limitada se formó por la decisión de los dirigentes de la Unión Ferroviaria para lograr un beneficio patrimonial prohibido por la ley de asociaciones sindicales que se extraería de modo indirecto de los fondos que el Estado nacional aportaría a la Ugofe y que recalarían en las arcas de la cooperativa», señala López en el escrito.

La magistrada añade que un nuevo juez deberá «investigar la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Dicho de otra forma, los investigadores creen que si hubo desembolsos irregulares hacia la cooperativa, pudieron estar involucrados funcionarios del área de Transporte, que participan con los gremios de las negociaciones en el sector, y del Ministerio de Trabajo, por las eventuales violaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales.

Montaje

La hipótesis central de la jueza para detener y procesar a Pedraza y a otros dirigentes del gremio fue que participaron del montaje de un «plan criminal» orientado a «aleccionar a los tercerizados» para disuadirlos de continuar con sus protestas. Y que de ese modo, el sindicalista intentaba mantener su hegemonía al frente del gremio, por un lado, y en los negocios de los que era beneficiario en su condición de jefe de la Unión Ferroviaria, por otro.

En tanto que la jueza desestimó un pedido de la abogada Claudia Ferrero, del Partido Obrero, de investigar a funcionarios de la Ugofe y de la Secretaría de Transporte por una eventual responsabilidad en facilitar el armado del grupo de choque del sindicato que abordó a los tercerizados el 20 de octubre pasado en Avellaneda y Barracas, donde fue asesinado Ferreyra. Los querellantes dijeron que esa línea puede ser eventualmente explorada en el juicio oral.