24 de agosto 2012 - 00:00

Fiscal pide vaya a juicio la causa por escuchas

El fiscal federal Jorge Di Lello elevará hoy un requerimiento ante el juez Norberto Oyarbide para solicitar que Mauricio Macri sea juzgado por presunto espionaje ilegal en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la última palabra será del magistrado. En el expediente están procesados el exjefe de la Policía Metropolitana Jorge «Fino» Palacios, el exministro de Educación Mariano Naradowski y el espía Ciro James.

En caso de que Oyarbide acceda a requerir el juicio oral, los acusados serán juzgados por asociación ilícita y violación de secretos y de la privacidad, y en el caso del exministro también se le atribuye presunta administración infiel, ya que desde su área se le pagaba un sueldo a James por asesoría legal. El expediente se inició a raíz de supuestas pinchaduras telefónicas al extitular de la asociación que agrupa a familiares de víctimas del atentado en la AMIA Sergio Burstein y al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, entre otros.

Interrogante

En Comodoro Py estiman que el juicio comenzaría recién a principios de 2014. Los abogados defensores ya preparan una batería de pedidos de nulidad, que objetan especialmente la instrucción que llevó a cabo Oyarbide. Dirán que el juez actuó con motivaciones políticas y plantearán un interrogante: ¿por qué en una causa de supuestas pinchaduras telefónicas en ningún momento el magistrado ordenó intervenir los teléfonos para chequear los vínculos entre los miembros de la presunta trama?

A lo largo del proceso de instrucción Oyarbide estableció que las pinchaduras telefónicas se habrían dirigido desde juzgados ubicados en Misiones, donde dos jueces ordenaban escuchas a la SIDE que luego James pasaba a retirar. Al mismo tiempo, el magistrado sostuvo que el espía pretendía ingresar a trabajar en la Policía Metropolitana y que hablaba a menudo con el ministro Naradowski.

La incursión de Macri en la causa fue una sucesión de distintos reveses en las diversas instancias del fuero federal. Impulsado por sus abogados, Ricardo Rozental y Santiago Fedel, intentó recusar a Oyarbide por distintas vías, pero cuando sus planteos llegaron a la Cámara Federal y a la Casación Penal éstos fueron rechazados.

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