Fiscalía de Casación y dos camaristas, claves en Senado antes del 10-D

Alejandra Gils Carbó y Alberto Nisman

La determinación del Gobierno de extender la actividad legislativa hasta el 9 de diciembre incluye la necesidad de finalizar el trámite de una serie de concursos para cubrir vacantes en distintos tribunales y fiscalías.

Es casi imposible que estos procedimientos se vean libres de algún costo político. Cuando el Ejecutivo impulsa pliegos en el Senado aparece la oposición para esgrimir la consigna de un supuesto copamiento de la Justicia. Cuando no lo hace aparece la propia Justicia, casi siempre por delegación en Ricardo Lorenzetti, para reprochar al oficialismo la lentitud en cubrir vacantes y como esto afecta el servicio que brinda este poder de Estado.

Hacia el interior de los tribunales, la disputa no se da tanto por las ternas configuradas por la Magistratura, sino por los concursos desarrollados en la Procuración General, que conduce Alejandra Gils Carbó, donde ese proceso tiene actores poco variopintos.

Este rasgo explica el conflicto que le genera a la oposición en el Congreso avalar la nominación de Alejandro Alaggia como fiscal general de la Casación Penal federal. Vicario de la doctrina zaffaronista, la oposición recriminará su pertenencia a la corriente Justicia Legítima y su actuación en casos que involucran a propietarios de empresas informativas pero no habrá mayores inconvenientes. En la próxima sesión del Senado recibirá dictamen de comisión.

Actualmente los fiscales ante la Casación son Raúl Plee, Ricardo Weshcler y Javier De Luca. Completa la nómina la subrogante Gabriela Baigún a quien Alaggia debería reemplazar.

La clave de estos fiscales pasa porque tienen bajo su firma sostener o declinar las acciones que permiten que la Casación intervenga en un determinado expediente. Por eso en febrero de este año se había desatado una ola de especulaciones en torno a qué fiscal debería evaluar la validez de la denuncia que Alberto Nisman formulara contra funcionarios del Gobierno. Finalmente le tocó a De Luca que desestimó el caso.

En materia de tribunales las dos vacantes más codiciadas y que podrían cubrirse antes del 10 de diciembre son las correspondientes a la Cámara Federal de San Martín que ostenta competencia múltiple.

El oficialismo ya tiene sus candidatos para estas vacantes. El destino de esa intención se basa en si el Senado podrá introducir sus pliegos en la próxima sesión que sería el 25 de noviembre siempre y cuando esta cita no se adelante.

Avalar un pliego requiere que este pase por la comisión de Acuerdos, que se publiquen los edictos con los nombres de los postulados, que estos reciban dictamen, que el pleno de la cámara los votos y finalmente que sean promulgados. Los tiempos no conceden margen de error.

Algo similar sucede con el destino del juzgado federal de Paso de los Libres en Corrientes, terreno sensible para el poder político local. Allí inicialmente el oficialismo había postulado a Gustavo Fresneda lo cual generaba cuestionamientos en la oposición por el supuesto vínculo de este abogado con el gobernador Ricardo Colombi. El pliego de Fresneda terminó siendo retirado y su lugar fue ocupado por Juan Silbestein.

Estas cuestiones asoman ahora como los premios más cotizados ya que el oficialismo se ha despedido de la idea de impulsar en la Magistratura los concursos destinados a cubrir posiciones estratégicas como las cuatro vacantes de la Casación federal, la vocalía de la Cámara Federal de Comodoro Py y dos concursos destinados al fuero Contencioso Administrativo federal y al Civil y Comercial federal.