Defendida por el Gobierno en nombre de la lucha antiterrorista, la nueva ley de los servicios de inteligencia fue votada a mano alzada en el Senado y obtuvo el aval de una gran mayoría de los senadores de izquierda y derecha, pero con voces disidentes en prácticamente cada grupo político. En los próximos días será promulgada por el Ejecutivo.
Aunque fue propuesta el año pasado, el presidente François Hollande aceleró su aprobación tras los atentados yihadistas que dejaron 17 muertos entre el 7 y el 9 de enero en París.
El texto define un abanico de misiones de los servicios de inteligencia, así como el régimen de autorizaciones y de control de sus técnicas de espionaje (escuchas, uso de cámaras o de programas informáticos espía, acceso a datos de conexión, etcétera).
Un punto de la ley cristaliza la preocupación de quienes se oponen: la puesta en marcha en las redes de los operadores telefónicos de instrumentos de análisis automático para detectar por medio de "una sucesión sospechosa de datos de conexión" el perfil de personas que puedan representar "una amenaza terrorista".
Estos dispositivos sólo recogerían los metadatos, no el contenido de las comunicaciones, pero sus detractores los califican "cajas negras", comparables a los métodos de "vigilancia generalizada" de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense.
Además, no hará falta una autorización judicial, sino que se crea una Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Información (CNCTR) formada por cuatro magistrados, cuatro parlamentarios y un experto en comunicaciones electrónicas.
Según el primer ministro, Manuel Valls, la ley enmarcará la actividad de los servicios de seguridad y les permitirá ser "lo más eficaces posible ante la amenaza terrorista", pero también "en la lucha contra la gran criminalidad o contra el espionaje económico".
Un centenar de parlamentarios opuestos al texto quiere presentar un recurso ante el Consejo Constitucional, una medida apoyada por activistas.
| Agencias AFP y EFE |
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