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Funcionarios PRO, ante oposición por subtes
María Eugenia Vidal y Mauricio Macri ayer en los bosques de Palermo presentaron el programa Estaciones Saludables, que permite controles médicos en las plazas porteñas y ejercitación física.
Por ahora aplacarán la puja llevando, el martes que viene, ante un plenario de comisiones al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain y a Juan Pablo Piccardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) la empresa estatal porteña que tiene a su cargo la extensión de las vías entre otras tareas referidas al transporte.
Los funcionarios PRO explicarán por qué Macri rechazó el control de los subtes porteños y por qué reclaman una inversión por parte del Gobierno nacional de u$s 1.000 millones para tomar a su cargo el control de la concesión. Sobre ese punto se habló ayer en la reunión del jefe de Gobierno con los ministros, donde se reiteró que las conversaciones «están empantanadas» y que solamente si Cristina de Kircher recibiera a Macri podría replantearse el tema.
Por otra parte, dentro de dos meses la Legislatura porteña tendrá que decidir si aprueba la compra que anunció Piccardo la semana pasada, de 120 coches para la línea H a pagar en 8 años por un total aproximado de $ 724 millones.
La licitación fue adjudicada a Alstom Brasil Energía y Transporte Limitada y el plan de pagos es de cuatro años de gracia y otros cuatro de repago descontando un 15% de anticipo, es decir que será la próxima gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires la que deberá decidir cómo paga esos vagones. Mientras tanto la Legislatura tendrá que autorizar el compromiso a largo plazo. La adquisición sumó un punto más a la polémica por el traspaso de los subtes a la órbita porteña, ya que también el Gobierno nacional acaba de comprar vagones para la línea A, la más antigua, mientras que los que compra el SBASE se destinarán a la línea H, la más nueva.
Como sea, el PRO intenta que la oposición baje su nivel de reclamos y pueda retomarse la actividad legislativa, presa de la confrontación, mientras esperan que la Justicia termine definiendo a quién le corresponde controlar el contrato de concesión con la empresa Metrovías.
En ese sentido, legisladores que en la práctica son aliados al PRO, como el diputado porteño Daniel Amoroso (De Narváez), quien acompaña prácticamente todas las votaciones del oficialismo porteño, hicieron un nuevo reclamo judicial.
Junto a la exfuncionaria K, Graciela Ocaña, Amoroso presentó un amparo solicitando la conformación de un «ente de emergencia» que se ocupe de los subtes hasta que se aclare el tema. Según el escrito que recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 a cargo de Esteban Furnari, señalaron que ese ente que proponen deberá «garantizar el servicio y la seguridad» de los pasajeros. Al mismo tiempo pidieron la designación de un interventor judicial «en forma inmediata» porque creen que «nadie escucha las advertencias de los trabajadores del sector que día a día denuncian condiciones por debajo del standard de seguridad mínima».
«Es evidente que con el estado de incertidumbre que generó el traspaso de la gestión de los subtes, acerca de quién es el responsable de la administración y mantenimiento, se afecta no sólo a los trabajadores, sino a los miles de ciudadanos que en su carácter de usuarios necesitan hacer uso de dicho medio de transporte a diario», subrayaron los legisladores.
En el macrismo creen que finalmente la Corte Suprema de Justicia debería intervenir en el conflicto, que se agrava ahora con los reclamos de gremialistas que amenazan con nuevas interrupciones del servicio apuntando a que Macri tome a su cargo el control del transporte para definir de dónde saldrán los fondos para las subas salariales.


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