Funcionarios a UIA: situación es normal

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La complicada situación que presenta la provisión de energía a las industrias provocó un cambio de planes súbito en la concurrencia de dos funcionarios a la Unión Industrial Argentina (UIA). El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta; y el titular del Enargas, Antonio Pronsato, «avisaron» que no iban a hablar frente a los casi 80 integrantes de la junta directiva de la entidad, y pidieron una reunión con la «mesa chica» (oficialmente el «comité de presidencia») dos horas antes del horario original.

Y si bien la razón invocada fue una reunión con la Presidente -justamente para tratar el tema de los cortes energéticos a las fábricas-, varios empresarios interpretaron este cambio como una movida para encontrarse con un auditorio más amable que lo que hubiera sido una tumultuosa asamblea de la que participarían representantes de sectores y provincias seriamente afectados por la falta de provisión de gas. Cabe recordar que varias filiales de la UIA en el interior (en especial las de Córdoba y Jujuy) habían reclamado en duros términos por los cortes de suministro de gas, aduciendo que se reflejan en una suba de los costos de las empresas e inconvenientes que podrían llevar incluso a despidos.

Cerca de las 11, los miembros del comité de presidencia -José Ignacio de Mendiguren, Federico Nicholson, Luis Betnaza, Juan Carlos Sacco, Adrián Kaufmann Brea, Cristiano Rattazzi, Daniel Funes de Rioja, Juan Carlos Lascurain, Alberto Álvarez Saavedra, Miguel Acevedo, Aldo Espósito, José Luis Basso y el director ejecutivo de la entidad, Martín Etchegoyen- recibieron un mail en el que se los convocaba a las 14 para el encuentro con los funcionarios.

La reunión fue, como se preveía, amable por lo íntima. Baratta y Pronsato arrancaron invitando a sus anfitriones a concurrir mañana al lanzamiento del gasoducto Juana Azurduy que hará la Presidente en Olivos, y que transportará gas desde Bolivia.

Después sacaron carpetas etiquetadas «Plan Energético 2003-2015» (como para no dejar dudas de sus expectativas políticas) y explicaron que lo que se estaba haciendo desde la cartera que encabeza Julio De Vido es atender las prioridades. En este sentido, dijeron que en la coyuntura los privilegiados al momento de decidir a quién no se le corta el gas son el vidrio (por ser insumo para muchos sectores), el oxígeno para hospitales, los lácteos y la molienda de caña de azúcar, que se encuentra en plena zafra.

En este punto se debatió cuántas empresas habían sido afectadas por los cortes, y varios lanzaron nombres (Ledesma, Arcor, fabricantes pyme de plásticos, casi todas las automotrices), pero lo cierto es que -salvo las industrias medianas y chicas- casi todas ellas ya habían instalado equipos alternativos que funcionan a gasoil o fueloil. Curiosamente, más tarde y durante la asamblea de la junta, Guillermo Padilla -de los licoreros- dijo que su sector se veía afectado también por el desabastecimiento de gasoil, lo que hacía inútil la inversión hecha para reemplazar el gas cuando falta.

Baratta -el hombre más cercano al ministro De Vido- explicó que la situación era la «normal» para la época del año. Agregó que la comparación interanual de mayo indica un aumento del 3% en el volumen de gas destinado a las industrias, y del 14% en lo que va transcurrido de junio. Después, reiteró los detalles del plan energético en marcha, conocidos por todos los presentes, y aseveró que -merced a esas inversiones- se había incrementado un 22% la capacidad de transporte de gas natural, un 41% la potencia instalada de generación eléctrica y un 30% los kilómetros de redes eléctricas en extra alta tensión. Sin embargo -dijo uno de los presentes en el encuentro a este diario- «no dijo nada de que se haya aumentado el gas transportado».

Hubo acuerdo en que -pese a las bajas temperaturas de los últimos días en todo el país- no se habían producido cortes de electricidad. Algunos lo atribuyeron justamente al aumento del 41% en la capacidad instalada, algo que no sucedió con el gas. Los funcionarios partieron, y los dirigentes de la UIA -encabezados por su presidente- debieron bajar al salón donde los aguardaban los miembros de la junta, muchos de los cuales se enteraron por boca de De Mendiguren de que no se verían cara a cara con Baratta y Pronsato. El titular de la UIA relató los detalles del encuentro, y hubo algún chispazo de indignación por el desaire, pero no mucho más.

El resto de la asamblea fue dedicado a un tema que -según varios de los presentes- es hoy más preocupante que la falta de gas porque afecta la competitividad de las exportaciones: las terminales portuarias exigen el pago de un seguro denominado Transporte Argentino Protegido (TAP) a todos los containers que se embarcan en Buenos Aires y en Dock Sud. Hay sólo tres empresas que lo ofrecen y cargan u$s 250 por container, lo que -anualizado- implica un costo adicional de u$s 330 millones para los exportadores.

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