El ataque comenzó cuando miles de manifestantes lograron acceder al edificio del municipio de El Alto, vecino a La Paz, para destruir las oficinas y prender fuego a la documentación jurídica y financiera de la entidad, causando un incendio cuando dentro había decenas de empleados.
Cuatro de las personas fallecieron en un baño donde se habían refugiado y otros dos murieron tras ser trasladadas a una terraza para recibir auxilio, según confirmó el Ministerio de Gobierno (Interior).
Los funcionarios que estaban dentro de la Alcaldía tuvieron que romper vidrios para evitar la asfixia e incluso algunos escaparon por las ventanas y los techos colindantes para huir del fuego.
La tragedia se produjo a días del referendo en el que los bolivianos decidirán si avalan una reforma constitucional que abriría a Morales las puertas de una nueva postulación en 2019 y en medio de una tensa campaña por el cruce de acusaciones y descalificaciones entre el oficialismo y la oposición.
La manifestación fue convocada por asociaciones de padres de familia de esa ciudad para exigir obras educativas, pero a la misma se sumaron supuestos militantes del oficialismo que alentaron la violencia, denunció la alcaldesa de El Alto, la opositora Soledad Chapetón.
Numerosos testigos presenciales criticaron la tardanza en intervenir de la Policía y los bomberos, a pesar de que contaban con agentes en las inmediaciones del edificio.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó la muerte de las seis personas, pero negó que la Policía tuviera responsabilidad alguna en el desenlace.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que condenó los hechos y ratificó la celebración del referendo, cuando más de 6,5 millones de bolivianos están llamados a las urnas.
El éxito de Morales en su plan reeleccionista está amenazado por un escándalo de tráfico de influencias luego de que la prensa diera a conocer que la empresa china CAMC, donde la exnovia del mandatario, Gabriela Zapata, es gerente comercial, logró un millonario contrato con el Gobierno.
Ayer, el Congreso boliviano creó una comisión para investigar lo sucedido, la cual estará integrada por oficialistas y opositores. Su formación surgió tras el pedido que hizo la semana pasada el propio Morales, quien solicitó al Parlamento y a la Controladuría General que investiguen si hubo tráfico de influencias.
Para Morales, el escándalo es un complot de EE.UU. que quiere dañar a su administración y a la presencia de China en América Latina.
| Agencias EFE, DPA y AFP |
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