G. Carbó citará a partidos por nueva oficina de escuchas

 Alejandra Gils Carbó ya decidió convocar a partidos políticos, representantes de organismos estatales e integrantes de ONG para organizar consultas sobre el formato que deberá tener la oficina de Observaciones Judiciales que pasará de la SIDE hacia la órbita de la Procuración General.

Esta promesa de apertura ante el rediseño de un área tan sensible es vital para la procuradora que desde hace dos meses se encuentra bajo fuego cruzado por sus designaciones de fiscales y por el accionar de otros que ella nombró con anterioridad y cuya performance es cuestionada, como es el caso de Carlos Gonella.

La ubicación de la oficina en el ministerio público profundizará esa puja, pero en definitiva es otro paso en el sentido de configurar un modelo acusatorio que le dé a los fiscales las atribuciones de investigar expedientes.

Los jueces federal, en su mayoría enfrentados a Gils Carbó, preferirían que esa estructura funcione en la Corte Suprema, tal como ayer manifestaba Claudio Bonadío ante una consulta reservada sobre el giro del Gobierno.

La creación de estructuras o el traspaso de las mismas hacia la Corte no es un asunto sencillo ya que en el pasado el máximo tribunal ha sostenido que es inconstitucional adjudicarle estructuras sin una instancia de consulta previa. Es lo que sucedió cuando se intentó que allí funcionara el Registro de la Reincidencia que ahora está en el Ministerio de Justicia.

Las propias estructuras de la Corte han generado ruidos internos, el propio Carlos Fayt se opuso a la creación de la oficina de Violencia Doméstica con el argumento de que son cuestiones que dispersan a la Corte de sus funciones elementales.

En 2009 el máximo tribunal se expidió sobre esa oficina en una causa iniciada por un particular que reclamaba que el Estado obligaba a las empresas telefónicas a retener durante 10 años los registros telefónicos y que además requería una modalidad de archivo para los mismos según la ubicación geográfica de los usuarios.

La Corte entendió esa norma como inconstitucional (fue el fallo Halabi). Firmaron todos los ministros y señalaron que "desde 1992 es la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, que actúa bajo la órbita del poder político, la que debe cumplir con los requerimientos que formule el Poder Judicial en orden a la interceptación de comunicaciones telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por esos circuitos". Esa descripción fue acompañada por una crítica a la flexibilidad que tendrían los agentes del Estado para ordenar las escuchas.

Para la Corte es una avance que esa oficina de escuchas deje la SIDE, pero implica un problema de distinta matiz que pase a un ministerio público dirigido por Gils Carbó, el mismo planteo que en su momento Ricardo Lorenzetti realizó ante funcionarios del oficialismo que buscaban conocer su opinión sobre el modelo acusatorio. La relación de la Corte con la procuradora es glaciar y se denota tanto en los detalles más nimios como en los asuntos más trascendentes para el juego de poder: la procuradora adoptó como un issue central la criminalidad económica mientras que la Corte crea cuerpos periciales para investigar la corrupción en el sector público. Tendencias que sirven al momento de entender el origen del malestar en distintos exponentes del llamado círculo rojo.

La resolución más práctica, visualizaba ayer un ministro, hubiera sido un traspaso al Ministerio de Justicia con la forma de un ente integrado por técnicos fuertemente controlados por organismos externos.