Garzón, en el banquillo por mirar al franquismo

Madrid - El juez español Baltasar Garzón declaró ayer como imputado ante el Tribunal Supremo en Madrid, donde negó haber incurrido en prevaricato (permitir dictámenes a sabiendas de que son ilegales), tal y como lo acusan dos organizaciones ultraderechistas en relación con su investigación sobre los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975).

En medio de un gran despliegue policial y poco antes del mediodía, el juez fue recibido a las puertas de la Corte con aplausos y cantos por miembros de asociaciones de víctimas de la dictadura que pedían a gritos «Libertad para Garzón».

Fuentes cercanas al magistrado informaron que Garzón no respondió durante su comparecencia a ninguna de las 150 preguntas realizadas por los querellantes. Sólo respondió a las del juez instructor, a las del fiscal y a las de su propio abogado.

«Esto es una venganza miserable. Garzón es el único juez que ha investigado los crímenes del franquismo», manifestó uno de los simpatizantes del juez. También acudieron hasta el lugar algunos de sus detractores, favorables a la inhabilitación del juez español más conocido dentro y fuera del país.

Garzón alcanzó gran notoriedad internacional a finales de la década de los 90 por encausar por crímenes de lesa humanidad al ex dictador chileno Augusto Pinochet o a los represores de la ex junta militar argentina. Si embargo, similar tarea sobre el pasado franquista supuso para él un límite infranqueable.

La demanda a la que se enfrenta Garzón y que podría costarle su puesto como juez instructor en la Audiencia Nacional fue interpuesta meses atrás por el pequeño sindicato ultraderechista Manos Limpias, contrario a las investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

Prevaricato

Según los demandantes, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, es decir, incurrió en un delito de prevaricato, acusación que el magistrado rechaza.

La Fiscalía rechaza las dos demandas contra el magistrado, de 53 años, al considerar que no hay indicios de prevaricato por parte de Garzón, quien en junio pasado vio, sin embargo, cómo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazaba su recurso contra la querella del sindicato ultraderechista.

En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España. En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, Garzón tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la Fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de las decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente.

Agencias DPA, EFE y Reuters