El Gobierno llega hoy al debate en la Cámara de Diputados por los proyectos sobre tarifas de la oposición, sin haber instrumentado todavía los cambios que acordó con sus socios de Cambiemos. No hay por ahora una resolución del Enargas que instruya a las distribuidoras de gas a suspender la reducción del beneficio en la tarifa social durante mayo y junio.
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Esta decisión pareció haber quedado supeditado a que las provincias aceptaran compartir con el Estado nacional el costo de la medida, pero por el momento no hubo nuevas reuniones del Consejo Federal de Energía.
Aunque tiene menos premura por una cuestión de fechas, tampoco el Enargas decidió todavía si las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, presentarán opciones a los residenciales para diferir un 25% del total a pagar para abonarlo con intereses en el período noviembre-abril. O si los usuarios deberán realizar un trámite en las oficinas comerciales para el diferimiento.
La postergación abre interrogantes. Entre otras cosas, porque la propuesta inicial de la UCR, de la que el Gobierno solo tomó una pequeña parte, era menos onerosa para el Estado que los proyectos de la oposición. Incluía prorratear el mayor consumo de los bimestres 3, 4 y 5 (de mayo a octubre), en el consumo de los bimestres 6, y 1 y 2 de 2019. Esto tenía un costo financiero que pudo haberse discutido con las empresas gasíferas, de modo que todas las partes, incluyendo a los usuarios y al Estado, se repartieran el gasto.
También el radicalismo proponía posponer el 50% de la última cuota de la revisión tarifaria integral (RTI) de transportistas y distribuidoras, pasándola para octubre del 2019, lo que no hubiera tenido costo fiscal, y hubiera significado una reducción de casi el 25% para los usuarios.
La medida solo habría requerido recalcular los programas de obras a que se comprometieron esas empresas. Por otra parte, las compañías tienen garantizados los ingresos, así que les hubieran reconocido el costo del diferimiento y trasladado en el futuro a los usuarios, si no se querían tocar las obras.
Por último, la UCR también propuso postergar las modificaciones en la tarifa social por un bimestre, pero aplicar entre julio y octubre una reducción progresiva del beneficio, inferior a la pautada por el Gobierno, acompañado de una campaña para gastar menos energía. Esto en realidad es lo que tenía más costo para el fisco porque buena parte del ahorro en subsidios de este año se debe al menor alcance de la tarifa social en metros cúbicos de gas y en kilovatios.
Si bien el Gobierno ya anunció que vetará una posible ley impulsada por la oposición sobre tarifas, el debate abierto por el tema corre el riesgo de acentuarse, a medida que se reciban las boletas de los meses de mayor consumo y especialmente si empieza a bajar mucho la temperatura. Porque para el público todavía no se trata de un problema real o urgente.
Con la inflación en ascenso, van a crecer las dificultades para pagar las facturas de invierno que rondarán entre $1.800 y $2.000 por mes para una familia que usa gas para cocinar, agua caliente y calefacción en forma moderada.
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