Giro: Gobierno anuncia desalojos

Cristina de Kirchner ayer durante la presentación del Operativo Centinela junto a Nilda Garré, Daniel Scioli y Aníbal Fernández. Atrás, Héctor Timerman y Florencio Randazzo.

El Gobierno estrenó ayer nuevo libreto: en tándem, Cristina de Kirchner y la ministra de Seguridad Nilda Garré anticiparon que impulsarán un mecanismo para desalojar el predio del club Albariño, en Villa Lugano, que está tomado por ocupas desde hace una semana.

Pero, en paralelo, se anunció que habrá una profunda investigación sobre los episodios violentos protagonizados por vecinos de ese barrio porteño, incidentes en los que, según el Gobierno, hay infiltrados y explicitadas intenciones de generar caos, como anticipó este diario.

De ese modo, la Casa Rosada aplica un giro en el que abandona la postura distante respecto de las tomas pero, al mismo tiempo, avisa que no permitirá conductas «ilícitas» por parte de los habitantes del barrio que se oponen a la ocupación del terreno del club Albariño.

La Presidente dio el primer indicio durante la presentación del Operativo Centinela por el que 6.000 gendarmes tomarán posiciones en el conurbano en un plan contra la inseguridad, cuando planteó que «hay otros métodos» para «hacer valer nuestros derechos».

Cuestionó, de ese modo, la toma de Villa Lugano -mientras perduran más de una veintena en otros puntos del país- aunque se cuidó de establecer un matiz con la inseguridad.

«No se puede proceder de la misma manera ante delincuentes organizados que en manifestaciones sociales», dijo y volvió, con cautela, a objetar la secuencia de usurpaciones: «Aun cuando en esas manifestaciones no se adopten medidas que deban ser imitadas».

Fue, luego, un poco más lejos cuando cuestionó el accionar judicial. Al respecto consideró «inexplicable» que «no haya (habido) pedido de captura para ninguno» de los que cometieron agresiones durante los incidentes de anteanoche pese a que «las cámaras mostraron las caras».

Con esa base, por la tarde, Garré dio la señal más contundente. En su primera conferencia de prensa desde que asumió en Seguridad, la ministra denunció la existencia de «sectores interesados en potenciar como conflicto» pero admitió que la «situación puntual» en el club Albariño es «irregular y es ilegal».

Fue en ese marco que explicitó el giro oficial: anunció que se buscan los mecanismos para desalojar el predio y confió que está en contacto con el juez federal Daniel Rafecas para cumplir con la disposición judicial que ordenó liberar el predio tomado.

«Estamos poniendo todos los medios» para «resolver adecuadamente» el conflicto, afirmó. «Eso es lo que ha pedido el juez cuando ordenó el desalojo: que fuera pacífico, y esto es un proceso de persuasión, disuasión, acatamiento».

El anuncio de Garré tuvo un primer efecto en los vecinos (que ayer se reunieron con Mauricio Macri; ver pág. 14): aunque se movilizaron al atardecer, decidieron darle un plazo de 24 horas al Gobierno para que cumpla con su promesa de desalojar el club Albariño (ver pág. 15).

Pero el tono más explícito fue el de Aníbal Fernández que volvió a abordar el tema de la seguridad aunque ya no controla, como antes, a la Policía Federal y a las demás fuerzas. Habló de que habrá un desalojo «sin sangre, heridos ni muertos».

El funcionario admitió, también, que eso podrá implicar «un costo político» ante la demanda para que se libere el predio, pero ratificó la postura del Gobierno, luego reforzada por Garré, de que no se recurrirá a la fuerza.

Aunque en este punto, Fernández y la ministra de Seguridad estuvieron en línea, ayer se registró otro episodio que transparentó los matices y las tensiones entre ambos funcionarios. Quien movió primero fue el quilmeño y lo hizo para minimizar el anuncio de Garré de que se prohibirá el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones sociales.