Gobierno aceptó cambios en nueva ley de alquileres

Las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia rechazaron ayer rotundamente el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Alquileres y amenazaron con recurrir a la Justicia en caso de aprobarse. De hecho antes y después de esos planteos el Gobierno, que había mantenido conversaciones con el sector, aceptó introducir una lista de cambios como no poner tope a comisiones de inmobiliarias o fijar un límite de $30,000 de la mensualidad para aplicar la ley.

Durante una conferencia de prensa, convocada por el presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA), Armando Pepe y con la presencia de representantes de Colegios y Cámaras Empresariales de Ciudad y de Provincia, se manifestaron contra la modificación de la normativa y mostraron su preocupación. "Las modificaciones son muy perjudiciales tanto para los propietarios, como para los inquilinos y los corredores inmobiliarios", sostuvo Pepe.

Ayer, el representante de CUCICBA junto con Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina participaron de una reunión con el diputado Nacional Daniel Lipovetsky, el secretario de la Vivienda de la Ciudad Iván Kerr y el presidente del IVC de la Ciudad, Juan Maquieyra. En el encuentro los inmobiliarios expusieron los puntos que consideran negativos del proyecto a tratar en diputados.

Entre ellos destacaron la importancia de que se garantice el predominio de la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos de locación, garantizar la autonomía de las provincias en leyes arancelarias y de honorarios, el derecho al cobro de honorarios, que no se incluyan a las locaciones comerciales en el proyecto. Con respecto a la garantía pidieron que sea a elección del propietario. Además exigieron que el valor del alquiler se ajuste por valor UVA, y no por coeficiente CVS/IPC y que se mantenga en 2 años el plazo para contratos de vivienda.

Pepe consideró que el proyecto es "demagógico y electoralista, que tiende principalmente a intentar solucionar el déficit habitacional con medidas muy populistas, pero que dañan profundamente la inversión y la confianza de los demás agentes económicos que participan en el mercado inmobiliario". Como si fuera poco alertó que el principal efecto de este proyecto de ley "será la retracción de la oferta de departamentos en alquiler y la disminución de la inversión privada en desarrollo de nuevas viviendas, por causa de la desconfianza en las reglas de juego cambiantes en forma continua".