Gobierno confirma la compra de Taser para fuerzas especiales

Fueron adquiridas en octubre y se entregó en parte de pago un lote de armas que había sido comprado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.

Aníbal Fernández

El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó ayer la compra de un centenar de pistolas Taser para que sean utilizadas por "grupos de élite" de las fuerzas de seguridad, previo entrenamiento, y precisó que se trata de un proceso iniciado en octubre pasado. "Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos...", afirmó en declaraciones formuladas a Radio 10.

Aníbal Fernández estimó además que la Administración Nacional de Materiales Controlados autorizará al Gobierno porteño a ingresar el cargamento de las 60 armas Taser adquiridas, pero inhabilitadas desde 2020. Lo hizo luego de haber comprado un cargamento de 100 pistolas para la administración de Alberto Fernández.

"Yo no soy quién para darla (la autorización), el que se ocupa es ANMaC y tengo entendido que no hay nada que lo impida...", expresó Fernández.

En octubre, el ministro adquirió unas 100 unidades de las armas que registra un monto de la operatoria de $293.490 dólares, que se concentrará de forma directa por la firma Axon Enterprise INC, según indica la resolución publicada en el Boletín Oficial del pasado 4 enero. "Las compré en octubre. Iniciamos una licitación, se presentaron diferentes oferentes y uno que, en su momento, se había presentado como vendedor del Estado en la época macrista, nos tomó un pago que se había hecho en aquel momento y eso nos baja considerablemente el costo, ahora falta terminar el proceso...", explicó al ingresar a su oficina.

En la misma línea, continuó: "Había una cantidad de 70, que fueron compradas por el macrismo y fueron superadas por el mismo proveedor en cotización y las tomas en parte de pago. Por eso nos evita pagar ciento y pico de mil dólares. Está todo en el COMPR.AR, en el sistema de compras de licitaciones...". Lo que la gestión nacional busca es sacar provecho de un diferencial de u$s123.500 ofrecido por la firma a cambio de la entrega del lote adquirido por la gestión de Cambiemos en 2019 que quedaron en desuso.

El trámite para la habitación del cargamento porteño, trabado desde 2020, depende de la ANMaC que se encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia. Por ende, la decisión depende de su titular, Martín Soria, que es quien debe habilitar la firma. Fuentes del Gobierno porteño precisaron que hasta el momento no recibieron "ninguna notificación ni de la empresa, ni de la ANMaC, ni de la Justicia de que ya esté firmada la autorización para la importación". Por su parte, desde el entorno de Aníbal Fernández detallaron que el uso del cargamento adquirido por el Gobierno nacional estará destinado a grupos especiales compuestos por GEOF, de Policía Federal; Albatros, de Prefectura; Alacrán, de Gendarmería y la unidad Táctica de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

"Lo que estamos buscando es hacer cosas con estatura e inteligencia y no para cualquier policía sino para grupos especiales", afirmó el ministro, y continuó: "Una vez que las tengamos se procederá al entrenamiento. Las fuerzas especiales son de profundo entrenamiento así que el tiempo lo señalarán ellos".

Por último, a pesar de los cuestionamientos internos, el funcionario de la administración de Alberto Fernández expuso que "todavía no están dadas las condiciones" para que todas las fuerzas de seguridad utilicen las pistolas Taser, por eso se inició con las altamente entrenadas "para sacarle a esto el jugo que le corresponde". En ese marco, Aníbal Fernández sostuvo que "seguramente" el Gobierno porteño también podrá utilizarlas. Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989, agregaron desde la cartera de Seguridad. Asimismo, indicaron que "su uso y adquisición por las Fuerzas de Seguridad y policías en la Argentina fue definido políticamente en los años '80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado". "Es por eso que el debate sobre la cuestión está saldado, ya que nuestro Gobierno respeta y cumple con los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales", puntualizaron los voceros.

Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de la antecesora de Aníbal Fernández, Sabina Frederic. Desde la cartera de Seguridad remarcaron que esta compra, iniciada el año pasado, no está vinculada al reciente homicidio de la agente de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar, madre de dos hijos y baleada en la estación Retiro del subte C el 14 de febrero último.