Gobierno distrae al Congreso sólo con jueces y embajadas

Nilda Garré

Mientras diputados discuten cómo avanzará el nuevo proyecto para volver a transferir al Consejo de la Magistratura el manejo de fondos y la administración del Poder Judicial que la reforma le dejó (encuentro entre Cristina de Kirchner y Ricardo Lorenzetti de por medio) a la Corte Suprema, el Congreso está por estos días monotemático. En realidad, el problema lo tiene el kirchnerismo del Senado, que este miércoles tiene que intentar, por segunda vez, reunir 37 de los propios para aprobar el pliego de Nilda Garré como nueva embajadora argentina ante la OEA, después de haber fracasado la semana pasada por falta de quórum, hecho que detectó la oposición y activó inmediatamente un derrumbe de la sesión.

Tenga o no éxito en esa empresa, Pichetto debe enfrentar otra pelea. Hace una semana, Cristina de Kirchner envió al Senado una lista de 10 jueces para la aprobación del acuerdo. Se trata de los integrantes de la nueva Cámara de Casación Penal de la Justicia Ordinaria.

La pelea no será fácil y otra vez el kirchnerismo deberá sumar el número a puro esfuerzo. En esa lista están Gustavo Bruzzone, Héctor Mario Magariños, Luis Niño, María Laura Garrigós de Rébori, Pablo Jantus, Horacio Dias, Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morín, Luis García y Carlos Alberto Mahiques.

Garrigós de Rébori es la presidenta de la agrupación Justicia Legítima que apoya, junto a Alejandra Gils Carbó (Procuradora General), cuanta reforma judicial salga de la Casa Rosada y que la semana pasada organizó el carnaval reformista que pasó frente al Palacio de Tribunales mofándose, muñecos incluidos, de los ministros de la Corte. No es un buen antecedente para la oposición que la espera en el Senado.

Hay otros elementos que suman inquietud al debate de esa lista de jueces que envió la presidenta del Senado. Se sabe que la nueva Cámara a completar no tiene aún oficinas en condiciones de funcionar. Existe un edificio para ese cometido, pero se encuentra en refacciones y lejos de estar terminado.

Ese dato arquitectónico, de todas formas, es menor frente a otro problema que debe enfrentar la nueva Cámara: aun cuando sus jueces logren la aprobación del Senado y el edificio en cuestión esté terminado, existe un paso previo que es imposible evitar. Toda apertura de una nueva instancia judicial debe pasar por firma de la Corte Suprema. Y hasta que esto no suceda no existirá partida para pagar sueldos, ni aportes ni gastos.

Esa nueva Cámara de Casación estará encargará de revisar los juicios orales en casos de delitos comunes. Aunque se creó por ley en 2008 y se obligó al Consejo de la Magistratura a aprobar a sus jueces en tiempo récord, recién ahora Cristina de Kirchner eligió a los candidatos.