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Gobierno giró el blanqueo a Diputados sin funcionarios
Mario Negri y Miguel Pichetto
El proyecto, una ley ómnibus que incluye, además del blanqueo de capitales, el pago de las sentencias a los jubilados, la ratificación por ley de la devolución a provincias del 15% de la coparticipación y las reformas a Ganancias y Bienes Personales, comenzará a ser debatido mañana en un plenario de comisiones.
El proyecto ingresó ayer a Diputados a las 21.15. El camino final tuvo dilaciones. Por la tarde, la Casa Rosada avisó al Senado que el ingreso de la ley ómnibus sería por allí. Miguel Pichetto estuvo alerta ante ese movimiento.
En ese momento se analizó en la Jefatura de Gabinete que al contener el proyecto una modificación a asignaciones de la coparticipación, la ley quedaba bajo la disposición constitucional que obliga a iniciar el debate de esos temas por el Senado.
Poco después hubo otro giro en la discusión: el proyecto también incorpora cambios en Ganancias, las modificaciones en mínimos no imponible y escalas que se aplicarán desde 2017 y la suba a $ 800.000 en el mínimo no imponible de Bienes Personales, temas que deben ingresar sin duda por Diputados, cámara a la que finalmente se lo envió.
Para ese momento sobrevolaban otras dudas. Las protestas del radicalismo, en boca de Mario Negri durante las reuniones que mantuvo el lunes en la jefatura de Gabinete, y las de Elisa Carrió, tuvieron fruto con la decisión de eliminar del alcance de la ley a los funcionarios entre las categorías de Presidente de la Nación y subsecretario.
Anoche casi ningún diputados había tenido acceso al proyecto pero se descontaba que existirá otro punto para debatir y modificar en el recinto, también por pedido de los propios oficialistas de Cambiemos: eliminar de la lista de beneficiarios del blanqueo a los contratistas, licenciatarios y concesionarios de obras y servicios del Estado.
El proyecto se comenzará a analizar el jueves en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social con las presencias del titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso; del titular de la AFIP, Alberto Abad; del viceministro de Economía, Pedro Lacoste, y del secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.
El texto contempla el pago a los jubilados que tienen sentencia firme y la recomposición de los haberes mal liquidados en los últimos años, lo que beneficiará a más de dos millones de ciudadanos de la clase pasiva, y la creación de una pensión universal de vejez.
Para solventar este pago el Gobierno utilizará los intereses que se cobren por el pago al blanqueo de capitales, y las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que genera unos $ 75.000 millones anuales.
Este fondo está integrado por el 15 % de la coparticipación que se les retiene a las provincias, que será devuelto en los próximos tres años, y las acciones que tiene el Estado en empresas privadas como consecuencia de la estatización de las AFJP.


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