1 de agosto 2013 - 00:00

Gobierno logró acuerdo a jueces en última sesión de campaña

El kirchnerismo tuvo la última sesión antes de las PASO para aprobar el acuerdo de la lista de jueces pendientes que pidió  Cristina de Kirchner. El radicalismo se negó a apoyar el pliego de la jueza Garrigós de Rébori y del fiscal Carlos Gonella. De todas formas, el Gobierno logró aprobarlos con más de 40 votos positivos.
El kirchnerismo tuvo la última sesión antes de las PASO para aprobar el acuerdo de la lista de jueces pendientes que pidió Cristina de Kirchner. El radicalismo se negó a apoyar el pliego de la jueza Garrigós de Rébori y del fiscal Carlos Gonella. De todas formas, el Gobierno logró aprobarlos con más de 40 votos positivos.
El kirchnerismo logró aprobar ayer sin problemas en el Senado los pliegos de acuerdo a jueces, fiscales y defensores que envió el Gobierno. Será, quizás, la última oportunidad en que el oficialismo podrá utilizar con tranquilidad el quórum en esa Cámara para imponer temas conflictivos, como son algunos de los ascensos judiciales que anoche se promovieron. Tras las PASO y las elecciones de octubre ese número entrará en el terreno del cálculo electoral.

La sesión de ayer se movió entre la crítica de la oposición contra algunos de los jueces propuestas y las denuncias que pesan sobre otros. A pesar del debate con la oposición, el kirchnerismo logró aprobar los pliegos más complicados con una diferencia tranquila.

Dentro de la lista que pidió el Poder Ejecutivo, el radicalismo se negó a aprobar el acuerdo a María Laura Garrigós de Rébori como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y a pesar de eso Miguel Pichetto logró sacarlo con 40 votos a favor y 19 en contra.

A Garrigós le cuestionaron en el recinto su papel como presidenta de la agrupación Justicia Legítima y la protesta pública contra la Corte Suprema por haber declarado la inconstitucionalidad de la reforma que impuso la elección de consejeros a la Magistratura.

"La agrupación que la jueza preside dice tener como fin el mejoramiento del sistema de Justicia, lo cual compartimos. Pero lo que nosotros vemos es que las únicas actividades públicas son para denostar a jueces que fallan en contra del Gobierno", dijo ayer el radical Ernesto Sanz en el recinto.

El radicalismo tampoco apoyó el acuerdo a Daniel Morin como vocal de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y a pesar de eso fue aprobado con 42 votos a favor y 17 en contra.

El radical Gerardo Morales se encargó de justificar la oposición argumentando que actuó de oficio para trasladar una causa por agresiones contra la líder de la organización barrial jujeña Tupac Amaru, Milagro Sala, de la Justicia federal a la Justicia provincial.

De todas formas la discusión más dura fue sobre el ascenso del fiscal Carlos Gonella .

El senador radical por Formosa Luis Naidenoff pidió -sin éxito- que se retirara el pliego de Gonella por considerar que incurrió en irregularidades en la causa que investiga al empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.

Marcelo Guinle salió en defensa del fiscal recordando que Gonella, en su rol de fiscal antilavado en el Procelac, ya había explicado que no había requerido informaciones sobre Báez porque el fiscal subrogante de la causa (en reemplazo de Guillermo Marijuan) sólo había solicitado que se pidieran antecedentes de Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

Tampoco tuvo apoyo radical el pliego de Patricia Quirno Costa como fiscal, que había sido imputada por Marijuan por haber sido designada por Alejandra Gils Carbó.

El listado pedido por el Gobierno quedó entonces completado con el voto de los acuerdos a la Cámara de Casación de Gustavo Bruzzone, Horacio Dias, Héctor Magariños, Luis Niño, Carlos Mahiques, Luis García, Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayrouse.

Y también se votaron los nombramientos de fiscales generales para tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Salta, San Juan, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco, junto con los nombramientos de 17 defensores públicos para juzgados nacionales y federales de Neuquén, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Santa Fe y Capital Federal.

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