Gobierno pedirá en NY que se rechace demanda de Bruford

El fondo reclama U$S3000 millones por la reestatización de YPF. Para el Ejecutivo, es un acto soberano de la Argentina.

Thomas Griesa.

El Gobierno le pidió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York no hacerle lugar al reclamo económico del Grupo Petersen por la expropiación de YPF, que llega a los 3.000 millones de dólares, al sostener que fue un acto soberano de la Argentina y no tuvo una finalidad comercial. El pedido se definirá en la audiencia que se realizará la semana próxima, en la que los jueces de la cámara de segunda instancia decidirán si hacen lugar al reclamo de Petersen, que fue comprado por el fondo de inversión Burford y que ya recibió una sentencia favorable en primera instancia.

Los abogados del estudio Akerman que defiende a la Argentina en esa causa fundamentaron el reclamo en la doctrina del "Act of state", que determina que cada país tiene límites respecto de otros Estados y que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio.

El "Act of state" se utiliza generalmente cuando un activo de los Estados Unidos es nacionalizado en otro país y la empresa afectada reclama en los tribunales norteamericanos para ser resarcida. En su presentación los abogados sostuvieron que la expropiación de YPF a la empresa Repsol "es constitucional y fue avalada por el Congreso". "La Argentina es un estado soberano y por lo tanto inmune a ser sancionado por actividades comerciales que no fueron tales en el caso de esta expropiación, ya que está protegida, como otros países en EE.UU., por la Foreign Inmunity Act (FSIA).

El escrito, sostiene que Petersen, del grupo Eskenazy, está haciendo un reclamo por un acto soberano, no comercial y que ese grupo no pudo probar la raíz comercial que dio origen al reclamo judicial. Agrega que Petersen discute en su demanda la naturaleza de la expropiación y que en su descargo había afirmado lo contrario, sobre que no discutía la expropiación en sí y que sí había una actividad comercial.

El caso planteado por Bruford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado de Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después que el juez derive el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016; luego de haber definido el pago final de la Argentina a los fondos buitre y de interpretar que ya no tenía que seguir con la causa. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Bruford) en octubre de 2016; el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que finalmente el jueves de la semana que viene dará una audiencia a las partes.

La demanda del fondo Bruford Capital contra la petrolera YPF y Argentina se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Peterson Inversora; dos compañías hoy en quiebras abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF, y para organizar la relación con Repsol, el socio mayoritario. Luego de la nacionalización de la petrolera en mayo de 2012, y como la decisión se tomó sólo por el porcentaje de los Repsol, Petersen se consideró damnificado al haberse aprobado por ley la prohibición de distribuir ganancias de la petrolera una vez renacionalizada, y así verse impedido del Grupo Petersen en pagar las cuotas por su incorporación como socios de la empresa. Las dos empresas radicadas en España se manifestaron damnificadas y reclamaron un resarcimiento económico al alegar además que durante la expropiación de la petroleras, se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos, dado que YPF cotizaba en Wall Street. Finalmente el juicio fue vendido al fondo especialista en este tipo de litigios, Bruford Capital, que lo llevó adelante primero ante Griesa y luego ante Preska. Y el próximo jueves ante la Cámara de Apelaciones. Si bien no hay un número definido, se estima que la demanda es por un monto estimado de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, cuando Bruford invirtió no más de 35 millones de dólares.

Bruford Capital llegó a la historia de la renacionalización de YPF al no poder pagar el grupo Petersen los créditos que había tomado ante diferentes bancos y la propia Repsol, por el 25% de las acciones. EL fondo incluso tenía bonos argentinos en default comprados en algún momento del 2006 al 2008, y se presentó en tiempo y forma en el juicio contra la Argentina para aceptar en marzo de 2016 la oferta que el entonces secretario de Finanzas Luis Caputo llevó ante Griesa. Dentro del universo de fondos buitre, Bruford Capital se especializa en comprar juicios complejos ya iniciados o a punto de establecerse. Se autodefine como una casa experta en "juicios corporativos". Los adquiere a precios de remate a los demandantes originarios, y luego rearma la estrategia de cobro en diferentes juzgados. El juicio de Bruford contra el país e YPF comenzó el 8 de abril de 2015, cuando Griesa aceptó que era en su juzgado donde el reclamo de Petersen Energía debería ser tratado. En ese momento, la demanda reclamaba avanzar sobre la emisión de los aproximadamente u$s5.500 millones del Bonar 24 con el que el país le pagó a Repsol.