Apunta a conocer giros de dinero con cuentas de su hermano, “Freddy”. Enfrentamiento de alto voltaje resucita tensión iniciada por Carrió con Comodoro Py. Magistrado se prepara para resistir.
Ariel Lijo.
El Gobierno giró los cañones que apuntan al Poder Judicial y puso en la mira al juez federal Ariel Lijo, uno de los magistrados más poderosos en los tribunales de Comodoro Py y con causas sensibles bajo su mando, como las irregularidades en torno a la negociación por la deuda del Correo Argentino S.A., propiedad de la familia presidencial y que tiene como imputado al propio Mauricio Macri. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura inició una investigación patrimonial sobre el juez, en un movimiento impulsado por el consejero oficialista Pablo Tonelli, una de las espadas del Ejecutivo en el objetivo de esmerilar a determinados integrantes de los tribunales de Retiro, donde transcurren los expedientes de mayor voltaje político. Pese a que desde hace seis meses no había novedades en el expediente disciplinario abierto en el órgano de selección y remoción de jueces, el diputado PRO lo resucitó con el pedido de avance en el análisis de los movimientos bancarios del titular del Juzgado Federal N°4 y además, factótum de la "Superliga" de jueces federales.
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La medida solicitada al Banco Central de la República Argentina (BCRA) es tan inédita como puntual: conocer los movimientos de dinero entre alguna de las cinco cuentas bancarias declaradas por el juez en el país, y las que están a nombre de su hermano, el abogado Alfredo "Freddy" Lijo, sindicado como un operador judicial en tribunales. La señal de guerra no pasó desapercibida en el tercer piso de Comodoro Py, donde leyeron que la intención es arrinconar a ambos Lijo, con un misil Tomahawk especialmente dirigido a encontrar algún giro de dinero. Hasta ahora, el expediente sobre el juez había sido nutrido por informes preliminares y el aporte de documentación sobre el haras La Generación, cuya propiedad está a nombre en la escritura- del hermano del magistrado. Se abrió hace 6 meses, como coletazo del juicio político llevado adelante contra el excamarista Eduardo Freiler. Carla Lago, exesposa de "Freddy", declaró que parte de los gastos del haras eran absorbidos por el magistrado y que ella entendía que "tenía alguna participación" en el negocio de la cría de caballos de competición. El consejero oficialista había pedido que se investigara por separado la presunta irregularidad y quedó sorteado para instruirla.
Tonelli logró ahora la aprobación de sus pares para que el BCRA informe movimientos entre cuentas de los bancos ICBC, Ciudad y Banco Provincia a nombre del magistrado, desde el año 2014 a la actualidad. Además solicitó informes al Jockey Club para conocer la nómina de equinos que compiten en representación del haras, y también en los hipódromos de La Plata, San Isidro, Palermo y Dolores. Esto último para determinar si los caballos ganaron carreras, cómo se cobraron los premios y a qué cuenta bancaria se destinaron los pagos. Fuentes judiciales señalaron que todas estas cuestiones se corresponden con los de una investigación penal por enriquecimiento ilícito, no a una cuestión ligada a motivos disciplinarios. En el Consejo aprobaron el pedido de prueba como es de rigor, aunque reconocieron que el expediente está dando sus primeros pasos y las medidas parecen haberse saltado algunas instancias previas, como si se conociera de antemano lo que se podría hallar. No detectaron animosidad, pero reconocieron que Tonelli no compartió con nadie sus sospechas. Ha llevado la instrucción del "expediente Lijo" de manera exclusiva y con celosa reserva.
En un primer momento, Elisa Carrió había apuntado a los hermanos Lijo, vinculándolos con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti como un núcleo de poder dentro de tribunales. Fue un amague. El juez reconstruyó su poder a través de la Asociación de Jueces Federales (AJuFe), cuya incidencia quedó en suspenso ante los avances del Gobierno. Sobreseyó a Gabriela Michetti por las bolsas con dinero robadas en su casa y recibió como bendición para un jugador de alta escala en los tribunales- la causa del "Correo-Gate", en febrero de 2017, con Macri como imputado. Desde entonces la mantuvo en el congelador sin avance alguno. Sólo en diciembre de 2017, el juez exigió conocer la situación bancaria de empresas Socma y Sideco Amerciana (de la familia Macri) y la de Correo Argentino SA, además de requerir los libros societarios y contables, desde el año 2001 hasta la fecha. Los acusó de haber dado "respuestas insuficientes" ante requerimientos anteriores. Fue días después de que Tonelli abriera este expediente en el Consejo. El Gobierno volvió a tomar la iniciativa, por lo que la expectativa es cuál será la respuesta judicial de la Casa Rosada.
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