Gobierno va a la Corte: insiste con la votación de consejeros

• Siguen vigentes las múltiples cautelares que bloquearon esa reforma judicial

Julio Alak, María Servini de Cubría, Ricardo Lorenzetti

El Gobierno presentará hoy el pedido de "per saltum" para que la Corte Suprema revise el fallo de María Romilda Servini de Cubría que declaró inconstitucional la elección de consejeros de la Magistratura en listas partidarias. La confirmación llegó ayer de boca de Julio Alak cuando explicó el camino que seguiría el kirchnerismo y hasta adelantó que se interpretaría ese acto como de efecto suspensivo, es decir, que suspende el freno que la jueza decretó sobre esa elección. El problema para el Gobierno es que la reforma al Consejo de la Magistratura no sólo está suspendida por el fallo de Servini de Cubría, sino también por las múltiples cautelares que habilitaron otros jueces ante el pedido de partidos políticos, abogados y estamentos judiciales.

"El Estado nacional va a apelar el fallo", dijo ayer Alak en la primera reacción oficial del Gobierno al fallo de Servini: "La ley es constitucional". Acto seguido, adelantó: "La apelación suspende el efecto" de la resolución judicial, con lo cual, una vez presentada ante el máximo tribunal, la norma "quedará vigente". Pero todo el mundo jurídico opina lo contrario al Gobierno en ese punto: las medidas cautelares que se dictaron en las distintas presentaciones ante jueces federales de todo el país mantendrán suspendida la elección de consejeros, aunque la apelación a la Corte del fallo de Servini de Cubría suspenda el efecto en ese caso.

El Gobierno utilizó el mismo camino que en los últimos meses para cuestionar el fallo: "El pueblo argentino quiere votar para elegir a sus representantes y esto no debe ser impedido por ninguna corporación", dijo ayer el ministro de Justicia, y en ese sentido subrayó: "Las intermediaciones entre la ciudadanía y los cargos públicos se han eliminado a lo largo de nuestra historia política gracias a la inquebrantable vocación democrática de los argentinos".

"No queremos que se le cercene al ciudadano un derecho que le da la Constitución en el artículo 1º y del 36 al 40, y el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 25, donde se establece que el pueblo tiene derecho a elegir a sus representantes", insistió ayer Alak.

Tanto en la Justicia como en los colegios de abogados y la oposición se consideró ayer que la sentencia de Servini de Cubría es la más importante, jurídicamente hablando, de la lluvia de medidas judiciales contra la reforma del Consejo de la Magistratura.

El fallo de Servini declara inconstitucional tanto la composición del consejo por falta de equilibrio entre los sectores como la forma de elección de los consejeros jueces, abogados y catedráticos por considerar que partidiza la Justicia.

Sentencias

La importancia de la decisión, entonces, no es sólo por los argumentos expuestos por la jueza, sino el hecho de que, por ser la jueza de registro y aplicación de la ley de partidos políticos a las organizaciones nacionales, sus sentencias traspasan los límites de la Capital Federal en su alcance.

En la oposición se considera que todo el tono futuro de la pelea dependerá no ya del fallo que emita la Corte, siempre en el caso de que considere admisible el "per saltum", sino de la estrategia que siga el kirchnerismo: "El Gobierno está de campaña contra la Justicia y el más alto tribunal, bajo las acusaciones de ser un poder corporativo, sometido a influencia de los poderosos, e integrado por un grupo de ancianos enquistados en poltronas que no honran, como lo muestran las constantes agresiones verbales de la Presidente", razonaba ayer un exsenador radical aún responsable de escribir la letra más fina de buena parte de las estrategias opositoras.

"La elección de consejeros con la mecánica y composición de la presente ley está muerta, pero como 'El Cid Campeador', su cadáver insepulto cabalga la escena electoral atado por deseo del Gobierno a su montura", dictaminó a este diario la misma fuente.

El Gobierno, mientras tanto, continúa reivindicando para sí el rol de intérprete último de la Constitución nacional, en lugar de reconocérselo a los jueces. Así lo hicieron los constituyentes de 1853, aunque no demasiado claramente, cuando crearon la estructura jurídica de la nueva nación argentina al establecer que no existiría un tribunal independiente para juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes y los actos del Poder Ejecutivo. En su lugar, la interpretación histórica consagró un control de constitucionalidad judicial difuso, es decir, caso por caso, tomando en esto la doctrina estadounidense y dejando de lado las instituciones continentales europeas. Desde ese momento en adelante, ésas fueron las reglas.

Ayer Alak innovó sobre esa doctrina: "El primer intérprete de la Constitución nacional es el Congreso de la Nación, y el Poder Legislativo claramente ha determinado que la ley se ajusta a la carta magna".

Es un argumento político que raramente pueda ser aceptado en una clase de derecho constitucional en cualquier facultad de Derecho, aunque se debe reconocer que existe debate sobre la amplitud de los poderes judiciales para interpretar la Constitución. En términos más conocidos y utilizados en los fueros: el kirchnerismo dice que la Constitución es lo que el Congreso dice que es; la doctrina jurídica afirma que la Constitución es lo que los jueces dicen que es.

Queda claro que el razonamiento del ministro es eminentemente político: "En un Estado democrático y constitucional de derecho, el protagonismo debe ser del pueblo en todos los poderes del Estado, y el Poder Judicial es el único de los poderes públicos que no es elegido por el pueblo, ni responde ante él periódicamente", dijo. Desde la oposición se le recordó ayer que eso es así en que casi todo el mundo civilizado.

A partir de la presentación del Gobierno con el pedido de "per saltum", la jueza Servini de Cubría elevará el pedido a Ricardo Lorenzetti. Anoche, de todas formas, el Gobierno no había abandonado totalmente la idea de ir en apelación también a la Cámara Electoral.

Si, como dijo ayer Alak, el kirchnerismo va a considerar que esa apelación a la Corte suspende el bloqueo a la ley de elección de consejeros, habrá forcejeos judiciales, pero ningún apuro en el oficialismo para que la Justicia se pronuncie en lo inmediato.