La Confederación General del Trabajo (CGT) recibió ayer el golpe más duro desde el fallo de la Justicia a favor de la democratización sindical: el Gobierno de Tierra del Fuego decretó la personería jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), con lo que esta agrupación tendrá por primera vez en su historia legalidad jurídica en un territorio nacional para representar a empleados públicos y privados. A partir de esta decisión de la gobernadora Fabiana Ríos, la CTA no sólo podrá sentarse oficialmente a negociar aumentos salariales y mejoras laborales, sino que también comenzará a percibir aportes y contribuciones a los gremios afiliados y sus obras sociales al igual que actualmente se perciben en la CGT. Tierra del Fuego es, en relación con su cantidad de habitantes, el territorio donde mayor densidad de representación tiene la CTA, ya que superan los 10.000 afiliados, distribuidos entre empleados de las varias empresas de tecnología radicadas en Río Grande, empleados públicos y del sector turismo. En realidad, en el caso de Tierra del Fuego, la oficialización de la central gremial es un reconocimiento a una realidad de hecho, ya que se calcula que más del 70% de los trabajadores de la provincia están afiliados a gremios que adhieren a esta central.
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Ríos había prometido en la campaña electoral, al recibir el apoyo de la central, que avanzaría en su institucionalización, aun antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2008 a favor de la democratización sindical. Sin embargo hubo que esperar hasta ayer para que la CTA recibiera oficialmente y por decreto su legalización absoluta en Tierra del Fuego.
Hasta esta provincia viajó ayer el titular de la CTA a nivel nacional, Hugo Yasky, quien dijo que la decisión de Ríos es «un acto de valentía y de enorme autoridad moral y cívica de parte de la gobernadora». Aventuró que ahora avanzarán en el reclamo de esta legalización en otras provincias donde hay cercanía entre la CTA y las gobernaciones, y se especula que el próximo paso podría darse en Santa Fe.
La noticia cayó como un balde de agua fría en el seno de la CGT que dirige Hugo Moyano, que hasta ayer mantenía el monopolio legal de la institucionalización oficial de la representación gremial en todo el país. Desde la firma del decreto de Ríos, ese privilegio terminó. En la sede de la CGT se consideraba como poco relevante numéricamente la decisión de la gobernadora, ya que la influencia de la central de Moyano en esa provincia es mínima. El temor real del camionero y sus compañeros es que esta decisión se multiplique en diferentes lugares del país, y que en los próximos dos años de gestión kirchnerista, y con el aval de la Justicia, la oficialización de la CTA como central alternativa se multiplique. El caso es complicado en sectores como el de los trabajadores del subterráneo, Banco Nación, las empresas de alimentos más grandes del país, autopartistas, al menos dos terminales automotrices y empleados públicos de todo el país.
El aval para la decisión de ayer de Ríos se basa en el fallo del 10 de noviembre de 2008 de la Corte Suprema, que decretó la inconstitucionalidad del artículo que establecía como condición para ser delegado gremial estar afiliado y dispuso así la libertad sindical. En ese momento, Pablo Michelini de la CTA calificó a la decisión como «un fallo histórico» que obligaría a «la presidente Cristina de Kirchner tenga que firmar el decreto dándonos la personería gremial». Dijo además que el fallo «favorece la democracia» y se trata de «agua que llega en la sequía».
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