El proyecto fue volcado en lo que en Brasil se conoce como "medida provisional", un decreto dictado por el Gobierno que caduca si no es refrendado por el Parlamento 120 días después de publicado. La Cámara de Diputados aprobó el documento central del proyecto, pero la oposición presentó luego decenas de enmiendas, más de forma que de contenido, que prolongaron los debates durante todo el miércoles para finalmente concluir ayer por la mañana, tras unas 48 horas de discusión casi sin interrupciones.
La medida desató encendidos debates en la Cámara baja, incluso entre legisladores aliados, y obligó al Gobierno a lanzar una intensa ofensiva negociadora, en la que participaron las ministras del Gabinete Civil y de Relaciones Institucionales -Gleisi Hoffmann e Ideli Salvatti, respectivamente- y el vicepresidente de la República, Michel Temer.
A la par, hubo duras acusaciones de supuestos sobornos pagados por empresarios para la aprobación del proyecto respaldado por el Gobierno, según reiteró ayer Antonhy Garotinho, jefe del bloque del Partido Republicano, que no dio nombres.
El diputado Carlos Sampaio, jefe del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dijo que los partidos contrarios al Gobierno de Dilma Rousseff hicieron una "resistencia heroica" y que, pese a contar con sólo 90 de los 513 miembros de la cámara, lograron poner al oficialismo "contra la pared".
Con la maniobra, la propuesta llegó a la tarde al Senado y fue aprobada al cierre de esta edición. La oposición afirma que las nuevas normas llevarán a una "privatización velada" de los puertos bajo un nuevo régimen de concesiones.
Los senadores de la oposición protestaron con vehemencia porque sólo contaron con unas pocas horas para analizar las modificaciones hechas al decreto en la Cámara de Diputados y hasta solicitaron al Tribunal Supremo que impidiera la sesión. No obstante, la votación, en la que el oficialismo impuso su clara mayoría, comenzó sin que la corte llegara a pronunciarse sobre el asunto y la propuesta fue aprobada por 57 senadores, contra sólo siete que la rechazaron y cinco que se abstuvieron.
El Gobierno afirma que las normas propuestas ampliarán espacios para la inversión privada y permitirán modernizar la obsoleta estructura de los terminales portuarios del país, que les restan competitividad a las exportaciones brasileñas. Uno de los principales aspectos del decreto es que abre puertas a la inversión privada en los puertos públicos, hasta ahora objeto de severas restricciones.
Según las normas planteadas por el Gobierno, las concesiones de las operaciones portuarias para los inversores privados pasarían a ser por tiempo indeterminado, siempre bajo supervisión del Estado, lo cual altera la actual regla, que las limita a 25 años.
La propuesta cuenta con pleno respaldo del sector privado, que identifica en ella nuevos alicientes para la inversión, pero ha sido rechazada por algunos gobiernos regionales, que perderían poder sobre operaciones portuarias que les generan fuertes ingresos.
Los sindicatos están divididos y mientras algunos afines al Gobierno la respaldan, otros que la rechazan convocaron huelgas que paralizaron durante los dos últimos días algunos de los principales puertos del país, como el de la ciudad de Santos.
Según cálculos del Gobierno, las nuevas normas pueden atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras por unos u$s 25.000 millones de dólares en los próximos años.
| Agencias ANSA, DPA y AFP, y Ámbito Financiero |
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