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Gremios socialistas se rebelan y convocan una huelga en España
Los líderes de las centrales sindicales comunista, Ignacio Fernández Toxo, y socialista, Cándido Méndez, se reunieron ayer con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a la existencia de una vía de diálogo, los gremios decidieron un paro de estatales contra el ajuste.
La reacción sindical no fue, sin embargo, de furia y pareció obedecer más a una necesidad de contener a las bases, tratando de mantener una actitud responsable, lejana a la agitación. Dirigentes gremiales alertaron que no caerían en una actitud «irresponsable» ni en un paro general, porque ello «probablemente cooperaría más al deterioro de la situación del país».
Entre las medidas lanzadas por el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se encuentran la baja del 5% en los salarios estatales, congelamiento de jubilaciones, eliminación del subsidio por hijo y reducción de obras de infraestructura.
De parte de la dirigencia sindical, las palabras más duras contra Zapatero surgieron de Cándido Méndez, titular de la Unión General de Trabajadores (UGT), de origen socialista, como el gobernante. Se trató de «fuego amigo». «Las aclaraciones que nos ha trasladado el presidente del Gobierno han ratificado totalmente nuestra oposición y rechazo», dijo Méndez al salir de un encuentro con Zapatero en La Moncloa, sede del Gobierno.
En cambio, Ignacio Fernández Toxo, de la central Comisiones Obreras (CCOO), de origen comunista, procuró ser más contemporizador tras acudir a la cita. «Hubiera sido muy irresponsable por nuestra parte habernos echado por la vía del medio a una convocatoria de una huelga general con eso de cubrir el expediente», afirmó. El dirigente evaluó que un paro general le haría «seguramente el juego a alguien que pudiera tener intereses en que» se complique la situación económica. No obstante, Fernández Toxo dijo que el gobernante del PSOE «ha elegido la peor de las vías, en un momento en el que la crisis no ha sido todavía superada, para dar respuesta a las exigencias de los mercados».
Dando la pauta de hasta qué punto pueden contener la reacción de las bases, Méndez aclaró que «las comisiones ejecutivas confederales UGT y CCOO vamos a apoyar resueltamente las movilizaciones que ya están acordando nuestras federaciones de servicios públicos, que van a culminar en un paro general (de los estatales) en la primera semana del mes de junio».
La convocatoria inicial a la huelga del 2 de junio fue hecha por la Federación de Servicios Públicos (FSP), que tras una reunión de urgencia de sus dirigentes, calificó la decisión de Zapatero como una «agresión sin precedentes» contra los trabajadores. El plan de lucha prevé que las movilizaciones comiencen el 20 de mayo, recogida de firmas en las empresas y un piquete en Madrid cuando el Congreso trate el plan.
El plan de austeridad era reclamado por la oposición conservadora del Partido Popular (PP) y los economistas más racionales, ya que España debe reducir un déficit del 11,2%, que creció abruptamente el año pasado. A la luz de la inestabilidad del euro y la desconfianza sobre la economía de España, semejante desbalance -producto de un plan anticíclico- podría volverse incontrolable, en el marco del 20% de desocupación que sufre el país. Reducir el déficit en medio punto del Producto Bruto Interno (PBI) en 2010 y en un 1% en 2011 equivale a u$s 15 mil millones en los dos años.
La prensa local se hizo eco de la conmoción en el país por las medidas adoptadas. Si bien El País, el periódico más vendido en España y afín al PSOE, celebró el programa anunciado porque lo considera ineludible, sostuvo que el gobernante «cruzó una de las líneas rojas que él mismo había prometido no traspasar nunca: el recorte de gastos sociales». El diario Público, el más próximo a Zapatero al menos hasta ahora, se quejó titulando que «los mercados imponen el tijeretazo social».
A su vez, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán (titular del Grupo Marsans, que vive su propia crisis), había reconocido el miércoles que las medidas eran pedidas «desde hace tiempo» por los empresarios. La Bolsa española cayó ayer un 1,11% y perforó el nivel de los 10.000 puntos, afectada también por la caída de Wall Street.
A los recortes anunciados se agregó ayer la confusión sobre un posible aumento impositivo, que se sumaría al del 2% del IVA ya previsto para julio. El vicejefe de Gobierno, Manuel Chaves, anunció que no se descartan «medidas para los de mayor nivel adquisitivo en breve». La información fue confirmada por el ministro de Infraestructura, José Blanco, pero la titular de Economía, Elena Salgado, afirmó que el aumento «no está sobre la mesa en este momento».
Agencias AFP, ANSA, EFE y DPA

