Habrá fiscalías especiales para drogas y cárceles

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volverá a la carga con la creación de superestructuras con funciones paralelas a las de los actuales miembros del Ministerio Público Fiscal. Como lo hizo en diciembre con una nueva unidad para el combate de los delitos económicos, en febrero prevé lanzar dos nuevas entidades para coordinar las investigaciones relacionadas con el narcotráfico y con el sistema penitenciario.

Las medidas están en sintonía con la política que prometió aplicar Gils Carbó desde que asumió el cargo cinco meses atrás: crear estructuras especiales para la persecución de delitos a cargo de fiscales ad hoc con dedicación exclusiva. Según la funcionaria, las nuevas procuradurías deberán atender dos problemáticas que, de acuerdo con las audiencias que mantuvo con fiscales de todo el país, desbordan la labor de los miembros del Ministerio Público y no cuentan con una referencia nacional para coordinar el abordaje de esos delitos.

En el caso de la próxima unidad contra el narcotráfico, en la Procuración explicaron que años atrás existía una entidad encargada de esa labor, pero que fue desmantelada por el anterior jefe de los fiscales, Esteban Righi. Y adelantaron que tendrá como único propósito combatir redes internas delictivas, con eventuales vínculos con el extranjero.

En tanto que la otra procuraduría a crear atenderá de manera exclusiva cuestiones ligadas al sistema penitenciario, carcelario y violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. Con particular énfasis en los casos de torturas verificados por informes de organismos de derechos humanos.

Para ese nuevo esquema Gils Carbó tomó informes como el elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, que en el año pasado identificó cuatro núcleos centrales de abordaje de esa problemática: «La tortura como práctica sistemática» en las cárceles; «la sobrepoblación en la totalidad del sistema con nichos de hacinamiento crítico»; las «condiciones inhumanas de detención, violatorias de toda la normativa vigente», y «la corrupción estructural en la administración penitenciaria».

«Sostenemos que en la trama que sostiene al sistema está la responsabilidad de la mayoría del Poder Judicial, que no investiga los hechos y consagra la impunidad», señala el balance de la Comisión Provincial, presentado en agosto pasado por su copresidente Adolfo Pérez Esquivel.

En el caso bonaerense, el vicegobernador Gabriel Mariotto realizó desde marzo pasado una serie de visitas a las cárceles del distrito, en las que desplegó críticas al sistema imperante. Entonces fueron interpretadas como parte de la diferenciación de Mariotto respecto del gobernador Daniel Scioli, que sostiene en el área de seguridad a su ministro Daniel Casal.

La creación en diciembre de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por parte de Gils Carbó no estuvo exenta de cuestionamientos hechos en voz baja por parte de algunos fiscales federales. Como informó este diario, varios funcionarios del edificio de Comodoro Py alegaron que los directivos de la Procelac contaban, de acuerdo con la normativa de su creación, con potestades paralelas y en algunos casos superiores a los que se conocen en el sistema judicial como «fiscales naturales», es decir, los que cuentan con acuerdo del Senado.

En la Procuración dijeron no haber escuchado a ninguno de los fiscales pronunciarse abiertamente en esa línea y aseguraron que Gils Carbó minimiza la doctrina del «fiscal natural» por no estar contemplada en la Constitución nacional. De todos modos, buscaron apaciguar las inquietudes al transmitir que la Procelac no buscará hacer las veces de policía de los fiscales, sino colaborar con su tarea diaria. Y respecto de las dos nuevas procuradurías, afirmaron que no absorberá estructuras previas. Es que otro de los ejes de las suspicacias por la creación de la Procelac fue que terminó por tomar las tareas de la unidad especial antilavado que tenía a su cargo el fiscal federal Raúl Pleé, quien a su vez y por esa condición había actuado en colaboración con sus pares en causas sensibles como la que se le sigue a Sergio Schoklender.

Mariano Martín