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Honduras: disidencia de empresarios y FF.AA. agrieta el Gobierno de facto
El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, encuentra una oportunidad política en las deserciones que se verifican en la alianza golpista. Pero su regreso al poder aún es sólo una posibilidad. Además, de lograrlo, obtendría facultades recortadas y en un muy breve plazo debería entregar el mando a un nuevo mandatario elegido por el voto.
La restitución de Zelaya al poder parece perfilarse como una salida bastante probable, dado que muchos actores clave que apoyaron el golpe, entre ellos los candidatos presidenciales, cambiaron la postura inflexible que exhibían hace semanas cuando negaban toda posibilidad de diálogo con el mandatario depuesto. Éste volvió sorpresivamente a Tegucigalpa hace 9 días y se instaló en la Embajada de Brasil, una maniobra arriesgada, pero que ya cambió la dinámica ideada por los golpistas.
En un mensaje sugestivo, el máximo jefe militar hondureño, general Romeo Vásquez, hombre clave del golpe de Estado del 28 de junio, pronóstico que la salida a la crisis política hondureña está próxima a llegar.
Mientras siguen en pie el estado de sitio y la clausura de los dos únicos medios audiovisuales críticos de Tegucigalpa, el jefe castrense dijo a un canal local que «rápidamente» se está «llegando a una solución».
El general justificó a la chavista cadena Telesur que el despliegue militar alrededor de la Embajada de Brasil «es un plan para dar seguridad tanto al ex presidente Zelaya, como a los que están cerca de él».
Paralelamente, un grupo de influyentes empresarios hondureños, que también apoyaron inicialmente el golpe, presentó un plan para superar la crisis.
La propuesta prevé que Zelaya sea reinstalado en el poder, pero que de inmediato se someta a la Justicia por los cargos que se le imputan, informó el líder de los industriales, Adolfo Facussé. «El presidente Micheletti, de quien esperamos una actitud patriótica, volvería al Congreso ya no como presidente, sino como un diputado más» y se buscaría para él un asiento vitalicio, lo cual es inédito, pero no está prohibido por la ley, aseguró Facussé, quien encabeza el grupo que hizo la propuesta. Este insólito extremo no tendría otro fin que otorgarle inmunidad al gobernante de facto.
Para garantizar el cumplimiento del acuerdo por todas las partes, se pediría el envío de una fuerza multinacional, integrada por unos 3.000 militares o policías de Canadá, Panamá y Colombia, dijo Facussé.
«El plan es producto de la discusión de un grupo grande de empresarios y otros ciudadanos hondureños, y la idea principal se enmarca en el plan del presidente de Costa Rica, Oscar Arias», declaró Facussé. También propone que el presidente Zelaya delegue el mando de las Fuerzas Armadas al gabinete y la facultad al Congreso de remover ministros.
La crisis institucional agravó, de hecho, la situación económica de Honduras. Hugo Chávez, aliado de Zelaya, implementó sanciones no bien se produjo el golpe, y Barack Obama también ordenó, con cuentagotas, algunas medidas de represalia, con efecto más simbólico que real, pero no menor. Facussé dijo que la propuesta fue presentada, entre otros, a Micheletti, a los candidatos a la presidencia, al embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens; y al obispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda, que actúa como facilitador de las negociaciones. Llorens insistió ayer en que debe ser implementado el Acuerdo de San José.
El reclamo que el Gobierno de Obama expresa en forma moderada es enarbolado con mucho más énfasis por casi todos los otros países de América, la ONU, la OEA, España y otros países europeos. Desde la embajada brasileña, Zelaya volvió a meter presión: «Hasta hace poco, Micheletti y su camarilla intentaban utilizar el proceso electoral como una vía tramposa para lograr alguna legitimidad internacional. Fracasada su maniobra, han decidido aferrarse al control y disfrute del poder», escribió.
Agencias ANSA, AFP, EFE, Reuters y DPA


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