Hubo más de 230 denuncias, todas de poca incidencia

 Pese a las previsiones y temores de las últimas semanas, alimentados por las denuncias en el proceso electoral de Tucumán, la jornada transcurrió casi sin incidentes en casi todo el país, y si bien hubo cerca de 230 denuncias ante la Justicia la mayoría de ellas estuvo relacionada con irregularidades consideradas poco relevantes por los funcionarios. De esas presentaciones, unas 180 se concretaron a través de una web habilitada con ese fin por el Poder Judicial, y el resto de manera telefónica.

El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, le confirmó a este diario que todas las denuncias fueron realizadas por particulares y que no hubo objeciones de los partidos políticos ni a nivel nacional (su área) ni en la Capital Federal, con cuyas autoridades llevó adelante un trabajo conjunto. Una de las presentaciones, hechas en la página de internet, señalaba que en jurisdicción de la Comisaría 38 (barrio de Flores) había vehículos que durante la tarde ofrecían traslados a los lugares de votación. Sin embargo, una vez enviado a la zona, personal judicial no constató un hecho de esas características.

El personal de las fiscalías electoral nacional y la general de la Capital Federal trabajaron de manera conjunta en el monitoreo judicial del comicio. De hecho, luego de compartir un almuerzo en Puerto Madero, sus empleados intercambiaron informaciones y coordinaron labores durante toda la tarde.

El operativo judicial estuvo precedido por una controversia entre Di Lello, que había planteado la posibilidad de abrir las urnas y contar voto a voto durante el escrutinio provisorio, con la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, y los integrantes de la Cámara Electoral, que rechazaron el planteo. El fiscal reiteró ayer su postura favorable a ese procedimiento por entender que había sondeos previos que daban cuenta de un resultado ajustado, y que la apertura de urnas hubiese colaborado a despejar eventuales dudas entre una definición en primera vuelta o la obligación de llegar a un balotaje.

El fiscal admitió como válido el argumento de Servini y de los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné de rechazar su pedido en vista de que "la ley electoral no prevé" el conteo voto a voto antes del escrutinio definitivo, pero dijo que "tampoco prevé que se pueda respirar o que lata el corazón, lo que sin embargo sucede". En esa línea, interpretó que de parte de los funcionarios hubo un "exceso de legalismo" y poca voluntad de ampliar los criterios a aplicar durante el conteo. "Lo que la ley no prohíbe, tácitamente lo permite", amplió el funcionario.