15 de septiembre 2015 - 00:00

Imponen arresto al recaudador de fondos de Bachelet

Santiago - La Justicia chilena ordenó ayer el arresto domiciliario total para Giorgio Martelli, principal recaudador de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, y el arraigo para varias figuras de la oficialista Nueva Mayoría relacionados con delitos tributarios, en una extendida investigación por el financiamiento ilegal de campañas que sacudió a la política chilena.

Martelli fue imputado formalmente por presuntos delitos cometidos entre 2009 y 2013, período durante el cual ejerció como operador político de las campañas de la coalición de centroizquierda, incluida la de la actual mandataria en las últimos comicios presidenciales.

Se le imputan pagos a su empresa Asesorías y Negocios (AyN) desde la Sociedad Química y Minera (SQM), controlada por Julio Ponce Lerou, un exyerno de Augusto Pinochet, por un valor de 246 millones de pesos chilenos (unos 500.000 dólares de la época), que presuntamente habrían sido destinados a la campaña de Bachelet.

De acuerdo con la Fiscalía, Martelli se reunió con el exgerente de SQM, Patricio Contesse, también imputado en el caso, para restituir ingresos sin justificarlos a través de boletas falsas.

El fiscal nacional, Sabás Chahuán, que por la relevancia del caso lidera de forma inédita esta investigación, cuantificó en 245 millones de pesos (unos 355.000 dólares) el monto recibido por Martelli a través de "contratos simulados".

La contadora demócrata cristiana Clara Bensán -que es investigada por la facilitación de facturas falsas a la minera no metálica y a una empresa del Grupo Said, en períodos electorales, entre 2009 y 2013- quedó sujeta a firma mensual y arraigo nacional luego que tampoco se opusiera a lo solicitado por la Fiscalía.

Besán fue la recaudadora de la campaña del expresidente Eduardo Frei en 2009, cuando fracasó en su intento de volver a La Moneda.

Las mismas medidas cautelares fueron pedidas para el exdiputado del Partido Radical, Alejandro Sule, y David Flores, un exasesor de la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, quienes tampoco se opusieron a la medida.

La investigación a Soquimich surgió como un apartado dentro del llamado caso Penta, un conglomerado financiero también acusado de fraude al fisco y de emisión de facturas falsas para rebajar la carga tributaria.

En la investigación a Penta, cuyos dueños estuvieron en prisión preventiva, se descubrió que el grupo supuestamente usaba documentación falsa para financiar campañas políticas de la derecha chilena.

Agencias EFE y AFP

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