El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía Hernán Lorenzino, insistieron en que se estudiará caso por caso el blanqueo de salarios de los agentes de seguridad. Denunciaron una ‘‘industria del juicio’’ y dijeron que el Estado se presentará a la Justicia.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, rechazaron ayer la posibilidad de otorgar los $ 7.000 de salario básico exigidos por gendarmes y prefectos. «Es imposible un básico de ese nivel en ninguna área del sector público. Es un reclamo que viene del desconocimiento de personas que han sido usadas durante tiempo», afirmó Abal Medina en una conferencia de prensa.
Además, insistieron en que la reorganización salarial impulsada por el Gobierno otorgará mejoras para la mayoría de los efectivos. «Garantizamos que en la próxima liquidación todos van a recibir los haberes pagos de salario correspondientes sin ningún tipo de disminución. Los únicos que se van a ver perjudicados, y no vamos a hacer nada para evitarlo, son los que usufructuaron con medidas cautelares para cobrar cifras exorbitantes», sostuvo el jefe de Gabinete.
A continuación, los principales puntos de los discursos:
Juan Manuel Abal Medina
Se sextuplicó el destino de fondos a las dos fuerzas de seguridad. El conjunto de las inversiones muestran que el Gobierno ha revalorizado a ambas fuerzas. Todos los efectivos de las dos fuerzas recibieron sus haberes sin errores en la liquidación.
Lamentablemente tenemos que anunciar que la situación confirma sospechas que teníamos respecto de la liquidación y que por eso hay acciones judiciales en curso.
El descalabro se observa en que el 60% del personal cobraba un salario como producto de una demanda judicial.
Los únicos que se van a ver perjudicados son los que usufructuaron medidas cautelares para cobrar cifras exorbitantes, que son minoría.
Hernán Lorenzino
En la Prefectura, el 78% del sueldo era en negro con suplementos absolutamente discrecionales, y en la Gendarmería, el 80% estos componentes no remunerativos venían de la época del 90 y crearon el caldo de cultivo para que estudios jurídicos vinculados a la fuerza, y a veces integrados por miembros de las fuerzas, dieran lugar a una verdadera industria del juicio.
En el caso de la Prefectura, el 63% del total de los juicios se hallan tramitados en un único juzgado de Río Gallegos, que está a cargo de la jueza Ana Álvarez, casada con un comodoro estrella, vinculado a crímenes de lesa humanidad.
Las cautelares fueron otorgadas por jueces civiles y comerciales, que son incompetentes. Notificaban la cautelar e inmediatamente se declaraban incompetentes. Las cautelares iban por autopista y el levantamiento iba por caminos de tierra.
El decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas apunta a recomponer la parte remunerativa de los sueldos.
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