Impuesto al cheque, otro costo adicional para el campo

El sector agroindustrial reclama por mayores controles para combatir la informalidad comercial pero, justamente, este tipo de tributo la fomentan.

Cuestión de mercado. En el caso de los commodities agrícolas el precio viene formado, y cualquier gravamen distorsivo que se aplique en el comercio le quita rentabilidad a toda la cadena.

La libertad de transacción permite el surgimiento de mayor cantidad de agentes especializados y contribuye decisivamente a la desconcentración del poder económico y la especialización.

Cuando se limitan o reducen los intercambios, los costos de transacción generan una pérdida de eficiencia económica. En Economía, ello se conoce como "pérdida de peso muerto".

Resulta indiscutible la enorme importancia que las transacciones revisten en el desarrollo de un país. A medida que los costos de transacción crecen, surgen mayores oportunidades para la corrupción y la emergencia de agentes abocados a facilitar las transacciones, sin agregado de valor alguno. Ellos son el caldo de cultivo de todo tipo negociaciones fuera del circuito formal y, al alentar pagos en efectivo que pueden no registrarse debidamente, fomentan múltiples prácticas evasivas para el fisco.

Para la teoría económica, los costos de transacción están determinados por el encuadre institucional. Pero en este caso, el denominado impuesto al cheque no sólo está determinado sino que, a su vez, determina negativamente tal encuadre ya que origina comportamientos indeseables y de evasión impositiva. De hecho, es un verdadero promotor de la informalidad y la acción marginal.

En nuestro país, el caso de las empresas agropecuarias, desarrolladas a través de una enorme gama de agentes -que se coordinan para elevar la competitividad de la cadena- es de un éxito envidiable en el mundo.

La cadena agroindustrial ha logrado un elevado éxito competitivo respecto a sus competidores del exterior, con la creación de ventajas competitivas sostenibles. Tales ventajas provienen de su productividad que a su vez deriva del esfuerzo por reducir la estructura de costos a lo largo de toda la cadena, sobre todo en el eslabón primario.

En el caso de los commodities agrícolas, el precio viene formado. No es el productor el que lo forma. Así las cosas, cualquier costo adicional aplicado sobre las transacciones resulta no sólo en un menor ingreso para cada eslabón (sobre todo para el primario) sino también en una baja en su competitividad internacional.

El impuesto al cheque es un costo adicional. Es más, se trata de una clara obstrucción a la libertad de transacción. Y como tal, obstruye la subcontratación y así obstaculiza la generación de pequeñas empresas de alta especialización, es decir promueve la integración hacia firmas de mayor tamaño. En consecuencia, alienta la emigración de la gente hacia las ciudades más grandes.

Creado en agosto de 2001, para garantizar ingresos públicos, es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Paradójicamente la ley que le dio vida se llama Ley de Competitividad. Su vigencia iba a ser por seis meses. O, como máximo, un año. Pero han pasado más de quince años, y sigue entre nosotros. No debería llamarse "impuesto" pues no encaja dentro de la clasificación tributaria; no grava el patrimonio, ni la renta y tampoco, el consumo.

Desde febrero se presenta una buena noticia. La jefatura de Gabinete habría ordenado analizar tal tributo. El Gobierno se muestra decidido bajar su presión o, directamente, su eliminación. Se trata de una medida más en el proceso de bancarización.

Claramente, éste, por más de una década y media, ha trabado el crecimiento de la competitividad que se logra mediante la especialización; es decir a través de la emergencia de pequeñas y medianas empresas que se entrelazan en una suerte de comportamiento cuasi solidario para lograr el bien/servicio final.

Obviamente, este impuesto se ha "institucionalizado" y como tal forma parte de la estructura de ingresos del Estado. Como eliminarlo resulta complejo, dado el cuadro fiscal por el que atravesamos y por el representar cerca del 1,70% del PBI, al menos debe ir reduciéndose gradualmente. Es imprescindible aplicar una política impositiva que no contribuya a estimular las instituciones negativas para el desarrollo.

En principio, los pasos dados para bajar la tasa de inflación auguran una mayor posibilidad para alcanzar una reforma impositiva exitosa. Falta disminuir visiblemente el déficit público, con un gasto más racional.

Si la noticia se hace realidad, el horizonte competitivo para la cadena agroindustrial será mucho más alentador.

(*) Economista. Profesor de la

Maestría de Agronegocios UCEMA.