Subrayando su "máximo respeto por las decisiones judiciales", la Casa Real manifestó "su sorpresa" con la decisión del magistrado, quien en marzo de 2012 había desestimado imputar a la infanta. Anoche, en el marco del mal trago que supone ser la primera integrante de una casa real en ser imputada por corrupción, la hija menor del rey, séptima en la línea sucesoria al trono de España, recibió con cierto alivio una apelación de la Fiscalía anticorrupción, argumentando "la falta absoluta de indicio de participación en hecho delictivo alguno", lo que mereció la "absoluta conformidad" de la Casa Real, indicó un vocero.
Rubia, afable y con imagen de princesa moderna, la infanta Cristina, de 47 años, está llamada a declarar el 27 de abril "por delito de tráfico de influencias" ante el juez de Palma de Mallorca que instruye el denominado "caso Nóos", que implica desde 2011 a su marido, informó una fuente judicial. El caso sería un capítulo más de la trama de corrupción conocida como "Gúrtel", que consistió en coimas y prebendas a políticos conservadores a cambio de contratos con gobiernos locales y municipales.
Hasta ahora la infanta había permanecido al margen de una investigación que se acercaba cada vez más peligrosamente a la Casa Real y al entorno más próximo del monarca, de 75 años, cuya imagen también se vio duramente afectada por el escándalo. Los partidos políticos mayoritarios, el oficialista Popular y, en menor medida, el opositor PSOE, se habían abroquelado para blindar a la hija del monarca, pese a indicios que invitaban, por lo menos, a dudar. La prensa de más difusión siguió esa línea, aunque en el último mes dio aire a datos y opiniones críticas.
Alto y apuesto, Urdangarín, de 45 años, excampeón olímpico de handball y ahora duque de Palma, es sospechoso, al igual que su exsocio Diego Torres, de haber desviado millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, una sociedad de mecenazgo que presidió entre 2004 y 2006 y que en realidad fue una pantalla para derivar fondos de gobiernos del PP.
La Casa Real ya había sufrido un duro golpe cuando Carlos García Revenga, secretario y hombre de confianza de Cristina y de su hermana mayor Elena, fue citado a declarar por el juez José Castro el 23 de febrero.
Ahora, la imputación de la hija del rey, que implica que está siendo investigada, aunque por ahora no se encuentra procesada, tiene lugar después que su nombre apareciese en correos electrónicos transmitidos por Torres.
Según el diario El Mundo, la defensa de Torres entregó un paquete de 30 correos electrónicos, en algunos de los cuales "se detalla cómo el duque explicaba a su mujer detalles del funcionamiento y los negocios de Nóos ya que ella formaba parte de su junta directiva". Incluso, hay indicios de que el propio Juan Carlos estuviera al tanto de todo o parte.
"A partir de la declaración de don Diego Torres Pérez y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso, y después de escuchar la versión dada por Luis Carlos García Revenga, surge una serie de indicios que hacen dudar que doña Cristiana Federica de Borbón y Grecia desconociera" los negocios de su marido, consideró el juez Castro en su resolución de ayer. Por tanto, "conviene despejar en cualquiera de los sentidos antes de finalizar la instrucción", pues no hacerlo supondría un "descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos", argumentó.
Casado desde 1997 con la infanta Cristina, con la que tiene cuatro hijos, y reconvertido en hombre de negocios, Urdangarín, conminado por el rey Juan Carlos hace años a abandonar sus negocios en Nóos y en España, se había instalado en 2009 con su familia en Washington, donde trabajaba para Telefónica. Sin embargo, en agosto dejó temporalmente el cargo para evitar perjudicar al gigante español de las telecomunicaciones y regresó con su familia a España.
El rey Juan Carlos, que asumió el trono en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, tiene tres hijos: Felipe de Borbón, de 45 años, heredero de la corona, y las infantas Elena y Cristina.
El caso no es el único que empapa a la clase política local en estos días. El gobernante Partido Popular sigue sufriendo los coletazos por un caso de presunto pago de sobresueldos en negro a sus máximas autoridades, entre ellas Rajoy.
Pero la propia monarquía se ve implicada de lleno, en la figura del propio rey, en otro escándalo. En estos días la oposición en pleno, ante la resistencia del PP, pregunta si Juan Carlos de Borbón está en regla con el fisco después de que trascendió que recibió el equivalente a más de dos millones de euros de herencia a la muerte de su padre, depositados en cuentas en Suiza y que no fueron repatriados.
El diario El Mundo dijo el domingo que Juan de Borbón habría dejado a su hijo, tras su muerte el 1 de abril de 1993, una herencia de 1.100 millones de pesetas en tres cuentas en Suiza, donde la familia había vivido durante años, y varios bienes inmuebles. "En contra de lo escrito hasta ahora, el padre del rey no dejó una modesta herencia compuesta por unas cuantas propiedades, una cuenta en España con 25 millones de pesetas y otra de seis millones de pesetas en el extranjero", indicó la nota.
| Agencias AFP, ANSA, DPA, Reuters y EFE; y Ámbito Financiero |