Imputaron a Gómez Centurión y ordenan las primeras medidas

El juez dio curso a los pedidos de prueba para corroborar la denuncia del Ministerio de Seguridad. El desplazado funcionario nombró abogados.

Investigado. Gómez Centurión.

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó ayer al desplazado titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión, y requirió abrir la investigación en base a una curiosa denuncia anónima presentada por el Ministerio de Seguridad por supuestos actos de corrupción en el organismo. En tanto, el funcionario suspendido se puso a disposición de la Justicia a través de sus abogados, Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofre (que representaron al propio mandatario Mauricio Macri), que concurrieron ayer al juzgado que comanda Ariel Lijo. La denuncia se apoya en una serie de escuchas -cuyo origen se desconoce- que involucrarían una serie de contenedores en el puerto cuyo contenido era ilegal y que pasaron a cambio de coimas.

Lijo avanzará en las próximas horas con los pedidos de prueba de la fiscalía. La imputación alcanza además al empresario Oldemar Carlos Barreiro, alias "Cuqui", exdueño de Lo Jack, quien sería su interlocutor en las conversaciones telefónicas llegadas de manera anónima a la cartera de Seguridad.

Los letrados que lo representarán son Alejandro Pérez Chada, el mismo letrado que defendió al presidente Mauricio Macri en varias causas, por ejemplo en la que estuvo imputado por la ex UCEP, en la que se le endilgaban 17 casos de violencia contra gente en situación de calle durante operativos de recuperación de lugares públicos. El letrado también estuvo bajo las órdenes de Macri cuando éste era presidente de Boca Juniors. El otro abogado es Hugo Wortman Jofre, un conocido profesional del Grupo Clarín y socio fundador del estudio Moreno Ocampo. Fue secretario letrado de la fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal e integrante del Centro de Estudios y Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina, especialistas en delitos económicos.

La denuncia central contra Gómez Centurión -ya que hay otra que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi- llegó a través de un anónimo entregado al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

En unas carillas describe una supuesta maniobra para contrabandear 2 mil contenedores a un precio de 260 millones de dólares, con la participación de funcionarios de la Aduana, una jueza y un personaje externo que sería clave en la maniobra. También hay escuchas que involucrarían a Centurión que fueron aportadas en el mismo anónimo que el desplazado funcionario atribuyó a "mafias" a las que pretendió combatir y que le hicieron una "cama". Sostuvo que hay edición por detrás de esos audios en los que aparece complicado "Cuqui". Gómez Centurión negó toda connivencia con contrabandistas y adjudicó la grabación, obtenida de manera ilegal, a integrantes de la ex SIDE como "venganza" por las investigaciones que, según dijo, puso en marcha tras asumir el cargo, en diciembre pasado.

La otra denuncia que está en los tribunales fue presentada por el abogado Maximiliano Rusconi y recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Rusconi defiende a los hermanos Paolantonio, acusados de contrabando por Gómez Centurión en base a supuestos correos a los que no debió haber accedido, por lo que se lo denunció por violación de correspondencia, ya que habría utilizado como prueba un recurso inválido.

De acuerdo con la denuncia principal, bajo la protección de Centurión, Oldemar Carlos Barreiro, un exempresario conocido como "Cuqui", habría orquestado el contrabando. La jueza Rita Ailan habría firmado las autorizaciones para la importación, lo que fue rechazado por la magistrada, y Centurión, a cambio de no controlar, se habría quedado con u$s5 mil por contenedor, siempre según la denuncia anónima. En diálogo con varios medios, Centurión rechazó las acusaciones y responsabilizó a sectores afectados por las medidas que dispuso el intento por desplazarlo del cargo. La imputación de Marijuan fue genérica y sin una calificación precisa de los delitos por los cuales ya lo investiga el juez Lijo, que hoy ordenará pedidos de informes a distintos organismos.

Además, Lijo dio instrucciones ayer para secuestrar los videos de seguridad del shopping Buenos Aires Design, donde, según lo denunciado, se habría efectivizado el pago de las coimas de las que está acusado Gómez Centurión, el jefe de la Aduana interinamente suspendido por Abad. El fiscal había pedido la indagatoria del funcionario en el requerimiento de instrucción que elevó al juzgado.

"No tienen sustento, ninguna de las dos. Están hechas con grabaciones editadas, en la primera pericia que hicimos ya nos surgió que tienen un alto grado de edición, con voces insertadas. La Justicia rápidamente va a establecer el disparate de las pruebas presentadas", dijo sobre las escuchas Gómez Centurión en su defensa.