A dos semanas de la fecha estimada para la votación del juicio político en el pleno de la Cámara baja, que sólo será elevado como acusación al Senado si obtiene el voto de dos tercios (342 votos), la destitución de la mandataria es apoyada por 261 diputados.
En tanto, quienes están decididos a hacerlo en contra de la acusación, suman 117, 54 menos que la minoría de bloqueo de 171 votos.
El tradicional diario paulista añadió que 9 legisladores se negaron a responder a la encuesta, 55 se manifestaron indecisos y otros 71 no pudieron ser localizados.
En este escenario, las voluntades de los indecisos valen oro. Esto explica que sean tan intensas las gestiones para un reparto de cargos en la inminente remodelación del gabinete de Gobierno entre sectores políticos potencialmente dispuestos a acompañar a Rousseff. Y, en paralelo, un reparto equivalente para una eventual administración post-Dilma.
Desde que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mayor del país y que es liderado por el vicepresidente Michel Temer, decidió la semana pasada romper con el Gobierno, se abrió una suerte de mercado persa, con siete ministerios que ocupaba el PMDB y que comenzaron a ser ofrecidos a partidos que puedan garantizar la mayor cantidad de votos en la Cámara baja.
Al anunciar el divorcio, el PMDB ordenó a sus ministros la entrega "inmediata" de los cargos. Pero salvo el titular de Turismo, ninguno obedeció y persiste una fuerte incertidumbre sobre cuál será la postura de cada uno de ellos, salvo la titular de Agricultura, Kátia Abreu, que ya dijo que permanecerá junto a su amiga Rousseff.
El caso más ilustrativo, y que causa mayor estupor, es el del Ministerio de Salud.
Hoy comandada por el pemedebista Marcelo Castro, la cartera con mayor presupuesto del Gabinete y responsable de hacer frente a las epidemias de dengue, zika y H1N1 fue ofrecida al derechista Partido Progresista (PP).
Según la analista de O Estado Eliane Cantanhede, el riesgo de que Rousseff logre frenar el avance del proceso en su contra a ese precio es que su Gobierno "se arrastre hasta el final con centenares de oportunistas, un ministro cualquiera en Salud para evitar las muertes por dengue y la microcefalia por zika, otro en Deportes mientras se organizan los Juegos (Olímpicos de Río de Janeiro), un tercero en Turismo, cuando millones de extranjeros arribarán para el mayor evento deportivo de la Tierra, mientras millones de telespectadores estén mirando los Juegos y a Brasil".
Por otra parte, la Abogacía General de la Unión de Brasil ultimaba ayer los alegatos de la defensa de la presidenta, que presentará hoy ante la comisión de diputados que analiza si existen méritos jurídicos para abrir un proceso destituyente por supuesto "maquillaje" de las cuentas fiscales.
El abogado del Gobierno, José Eduardo Cardozo, entregará el documento de la defensa hoy, cuando termina el plazo de diez sesiones parlamentarias que tenía Rousseff para exponer sus argumentos.
Está previsto también que Cardozo haga una exposición de los alegatos, cuyo razonamiento técnico y jurídico ya fue adelantado el pasado jueves por el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, ante la propia comisión.
Barbosa negó que Rousseff haya realizado operaciones contables irregulares y rechazó las acusaciones, formuladas por juristas y por cuatro partidos de la oposición.
La comisión que recibirá la defensa encara una semana decisiva, ya que tiene previsto presentar también su informe final, que todavía deberá recibir la aprobación del Congreso.
Tras los alegatos de Rousseff, los 65 diputados del grupo debatirán el caso durante cinco sesiones más para después votar el informe que antes del viernes presentará el diputado instructor, lo que podría ocurrir el lunes 11.
El voto final en el pleno de Diputados podría realizarse, se especula, el viernes 15. Si dos tercios de los diputados votan contra Rousseff, bastará con que el Senado acepte la acusación por mayoría simple para que la mandataria sea inmediatamente suspendida por 180 días.
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y agencias EFE y DPA
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