Intendentes piden fondos a gobernadores

La avidez con la cual los gobernadores salen a la caza de recursos adicionales en medio de los apremios de cuentas tiene su correlato en intendentes de un creciente número de provincias que, aquejados por una merma en las remesas de coparticipación y estrechos también en sus finanzas, presionan a los Ejecutivos provinciales en pos de una mayor lluvia de fondos.

En paralelo a estrategias desplegadas puertas adentro de cada municipio, como la repetida fórmula de apelar a la suba de tasas, se multiplicaron en las últimas semanas los encuentros entre jefes comunales y los mandatarios para intentar definir mecanismos extra de asistencia.

El lote de medidas en cuestión incluye desde la decisión de incrementar impuestos provinciales con asignación específica de una tajada de lo recaudado para municipios, hasta el pedido de créditos especiales para las intendencias y la propuesta oficial de sumar a los caciques comunales a la emisión de bonos de la provincia.

Polémica

En algunos distritos, en este escenario además se coló la polémica por la expropiación del 51% de las acciones de YPF (49% del cual irá a las provincias), y ya hay intendentes de municipios no petroleros que también exigen recibir regalías.

Si bien el escenario deficitario que transita el promedio de las provincias no escapa a las realidades de las intendencias, este año las complicaciones de cuentas se vieron profundizadas por una inesperada merma en los envíos de coparticipación federal respecto de los niveles que se barajaban en diciembre de 2011, producto de la reinstauración de quitas automáticas para la conformación de un fondo educativo federal.

Veamos algunas postales que ilustran la manera en que un ramillete de mandatarios reaccionó frente a los renovados apremios municipales:

c En Buenos Aires, el gobernador justicialista Daniel Scioli envió la semana pasada a la Legislatura un proyecto de reforma fiscal que incluye subas en Ingresos Brutos, Sellos y el Inmobiliario Rural, con impacto en los sectores de mayor poder contributivo.

Con esa estrategia, la cartera económica que conduce Silvina Batakis espera recaudar $ 2.685 millones anuales adicionales, el 38% de los cuales irá destinado a los intendentes.

La medida fue definida tras una serie de reuniones con Ejecutivos municipales para elaborar estrategias tendientes a compensar las menguadas remesas de coparticipación (enflaquecidas en cerca de $ 900 millones).

c En Mendoza, en tanto, el también peronista Francisco «Paco» Pérez ofreció a los intendentes sumarse a un bono provincial por $ 1.300 millones, de próxima colocación en los mercados internacionales. Los justicialistas ya dieron la venia, mientras que sus pares radicales lo rechazaron por considerar inconveniente tomar un préstamo en moneda extranjera a una tasa -dijeron- de cerca del 10%.

En paralelo, un grupo de intendentes no petroleros -co-mo el radical de la capital, Víctor Fayad- salió a pedir que sus comunas también reciban regalías hidrocarburíferas en el marco del «barajar y dar de nuevo» derivado de la decisión de Cristina de Kirchner de desplazar a la española Repsol.

Pero Pérez fue terminante en el rechazo a esa pretensión. «Ese esquema no soluciona los problemas críticos que tienen algunos municipios; hay que trabajar en la eficiencia en la administración porque si no son crisis que se sostienen en el futuro y no va a alcanzar ningún tipo de ítem», aseguró.

c Por su parte, en Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta logró que le aprobara la Legislatura días atrás el aval para pedir un préstamo por $ 100 millones, virtualmente gestionado por los propios intendentes -con graves problemas para abonar salarios- ante los legisladores y destinado únicamente al pago de deudas que mantienen municipios (en un 70% del crédito) y la provincia, y que afectan a los trabajadores públicos.

c En Corrientes, en tanto, en un escenario en rigor más descomprimido, el radical Ricardo Colombi envió al Parlamento local un proyecto de ley para solicitar la autorización para un préstamo de hasta u$s 10 millones destinado a mejorar la capacidad de gestión de los municipios.