La superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, conversa con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, durante el acto en la Casa de Gobierno. El 23 de julio este diario adelantó el compromiso del Gobierno con los sindicalistas.
El Gobierno cumplió ayer con la promesa que les hizo a los dirigentes de la CGT oficialista al aumentar en $ 590 millones un subsidio que había otorgado el año pasado para sus obras sociales, y crear otros dos para compensar las coberturas de salud de jubilados, monotributistas sociales y empleados del servicio doméstico. En total, el Estado volcará en los próximos doce meses 1.900 millones de pesos más a las prestadoras de los gremios, a partir de una negociación que se desarrolló al calor de la campaña electoral.
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Como había anticipado este diario el 23 de julio, ayer se confirmó una suba en el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que hasta agosto repartió entre las obras sociales $ 2.000 millones y que hasta el mismo mes del año que viene distribuirá un total de 2.590 millones de pesos. Lo anunció en Casa de Gobierno la superintendente de Servicios de Salud (SSS), Liliana Korenfeld, como parte del diálogo social lanzado por Cristina de Kirchner.
El incremento representa una suba del 29,5% entre un año y el otro. Pero el cálculo fue hecho de otra manera: el SUMA del año pasado fue el equivalente a un descuento de cinco puntos en la retención que la AFIP practica sobre los aportes de las obras sociales sindicales. En la negociación entre Korenfeld y José Luis Lingeri, el encargado en nombre de la CGT oficialista, se acordó elevar esa quita al 6% de la recaudación capturada en las prestadoras gremiales.
El reconocimiento a los sindicatos fue mayor. Se creará un nuevo subsidio, llamado Sumarte, destinado a compensar la falta de actualización en los valores pagados por la cobertura médica que las obras sociales les brindan a monotributistas sociales, empleados del servicio doméstico y trabajadores rurales. Esos trabajadores pagan en la actualidad unos $ 90 por los servicios de salud, y a través del Sumarte el Estado compensará el equivalente a 160 pesos por cada beneficiario. El subsidio representará 890 millones de pesos por año.
Una mecánica similar se aplicará para los jubilados que eligieron ser atendidos por obras sociales en lugar del PAMI. Esos beneficiarios pagan en la actualidad $ 192 (que se descuentan de sus haberes) y a través de un nuevo subsidio, el SUMA 70, la Superintendencia inyectará en las obras sociales la diferencia para llegar a $ 296 en los casos de afiliados de más de 70 años.
En los últimos años los sindicalistas se quejaron de manera recurrente de tener que brindarles la misma atención médica a jubilados y trabajadores sociales que a sus afiliados de origen, a pesar de pagar mucho menos. Esa diferencia de aportes es la que cubrirá el Estado a través de Sumarte y SUMA 70. El Gobierno podría haber modificado los aportes de los afiliados en línea con la inflación acumulada pero eligió compensar a las obras sociales mediante subsidios. Por un lado evitará descuentos mayores para los beneficiarios y de paso hará que siga en manos del Ejecutivo el manejo de los tiempos políticos para futuros cambios en los valores de esos subsidios.
Korenfeld detalló que con los aumentos y la creación de nuevos subsidios, en 2014 la transferencia de fondos a las obras sociales será por un total de 6.500 millones de pesos. La funcionaria recibirá esta tarde a los presidentes de esas organizaciones para detallarles los anuncios.
Lingeri, por su parte, le dijo a este diario que "se cumplió en gran parte con lo planteado en la agenda de la CGT" y explicó que quedaron abiertas las negociaciones para tres ítems pendientes: una compensación por los tratamientos de fertilización asistida; otra para los de discapacidad y un mecanismo para abaratar los medicamentos más costosos.
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