Jueces de las Cortes Supremas de Justicia de todo el país recordaron que la prevención de los delitos corresponde al Gobierno nacional y a cada Poder Ejecutivo provincial, mientras que la Justicia actúa una vez cometido el hecho.
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Los ministros de los máximos tribunales explicaron a través de un documento que su actuación es posterior al delito «no por desidia o desinterés de los magistrados, sino porque lo manda la Constitución nacional».
En el documento, firmado por el presidente de la Jufejus, Rafael Gutiérrez, y el secretario, Luis Lozano, la entidad también reclamó más recursos para las justicias penales y afirmó que los jueces «no están exentos de cometer errores», por lo que sus decisiones pueden ser revisables por otras instancias judiciales y que incluso se puede sancionar o destituir al magistrado que «obró ilegítimamente».
Bajo el título «La prevención del delito pertenece a la esfera de acción del Poder Ejecutivo», la Jufejus recordó que «las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado. Su existencia se encuentra legitimada por el orden constitucional, el cual le autoriza al Estado el uso de la fuerza en pos del mantenimiento de la paz social. Naturalmente, el ejercicio de dicha fuerza será constitucionalmente válido si opera dentro de los límites de la razonabilidad en su ejercicio, de conformidad a las circunstancias de cada caso», explicó la Junta.
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