Juez cruza escuchas con causa por publicidad

El juez federal Norberto Oyarbide definirá hoy una medida que puede provocar la suma de todos los temores judiciales de Mauricio Macri: pedirá la causa de mobiliario urbano, para analizar si hay conexiones con la pesquisa de las escuchas ilegales, en la que el jefe de Gobierno porteño está procesado como presunto partícipe de una asociación ilícita.

El pedido será dispuesto con una batería de medidas que incluyen, entre otras, la citación a declaración indagatoria de Andrés Ibarra -ex director administrativo del Ministerio de Educación porteño y actual funcionario de la cartera de Finanzas de la Ciudad- y el cruce de llamados desde 2007 entre los teléfonos de Macri y los imputados en el caso.

Pero es el pedido del expediente de mobiliario urbano lo que sin duda disparará el debate, ya que también pondrá la lupa sobre una pesquisa que ya lleva un sobreseimiento revocado sobre Macri y su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, el apartamiento de un juez de instrucción y varios procesados por supuestas irregularidades en el proceso de licitación.

La concesión denunciada se refiere a la adjudicación de la empresa Publicidad Sarmiento -perteneciente a los hermanos Terranova, socios políticos de Macri en su provincia, Mendoza- del contrato por el manejo de la publicidad exterior en la Ciudad. La licitación incluyó la instalación de carteles en paradas de colectivos, refugios, así como la explotación de carteles en la vía pública.

Cuando Macri adjudicó a los Terranova el contrato, el negocio (que equivale a unos $ 120 millones anuales) había atravesado un largo derrotero de llamados a licitación y suspensiones de la Justicia, durante los gobiernos de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman.

Empresa denuncia

Poco después de haber elegido a Publicidad Sarmiento como adjudicataria, otra de las tres empresas que competían denunció el contrato ante la Justicia por supuestas irregularidades.

Los querellantes acusaron al jefe de Gobierno y varios funcionarios porteños por presunta administración fraudulenta, y argumentaron no haber obedecido una orden judicial que habría impedido el avance de la concesión. A la empresa ganadora se la denunció por la supuesta presentación de antecedentes falsos.

Varias indagatorias

Esta causa se reactivó a fines de mayo pasado cuando la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional porteña revocó el sobreseimiento que el juez de instrucción había dictado sobre Macri y Rodríguez Larreta, entre otros funcionarios. También apartó al magistrado entonces a cargo del caso, Facundo Cubas, y ordenó que se avanzara sobre varias indagatorias.

El nuevo juez a cargo, Ernesto Botto, debe en estas semanas definir cómo avanza en el caso y si hace lugar al pedido de la querella de pedir las escuchas investigadas en la causa de Oyarbide, para analizar si tienen alguna vinculación con este caso.

Una decisión que el juez penal le ganará de mano. Con la resolución de hoy Oyarbide podría armar un cóctel explosivo, si encuentra alguna conexión entre las dos causas que más complican el futuro político del jefe de Gobierno porteño.